Un peruano que huyó de su país tras matar a tiros a un policía en un atraco se ha fugado también de Mallorca cuando iba a ser juzgado por una grave agresión. El acusado fue sentenciado por la muerte del agente a 15 años de prisión, pero quedó en libertad solo dos años después por un error judicial. Se instaló en la isla y en 2013 supuestamente rajó con una botella rota a un joven durante una pelea en una discoteca de Palma. El sospechoso se enfrenta a tres años de prisión por esta agresión y ha sido declarado en rebeldía al no responder a los requirimientos para acudir al juicio. Durante la reyerta, hirió con el cristal a su rival en la cabeza y los brazos, dejándole varias cicatrices como secuela.
El procesado, de 40 años, fue detenido en Perú en junio de 2002 por su participación en un robo mortal cometido en la ciudad de Trujillo. Durante el asalto, habría disparado a un agente de Policía que acabó falleciendo por las graves lesiones sufridas. Cinco meses después fue condenado por delitos de robo agravado y lesiones graves seguidas de muerte a 15 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia de Perú ratificó la sentencia en 2003, precisando que debía permenacer encarcelado hata el 24 de junio de 2017. El fallo le condenó también a indemnizar a los herederos del policía con 10.000 nuevos soles, algo menos de 3.000 euros.
Error judicial
El autor del crimen, sin embargo, apenas cumplió tres años de condena. En 2005 un juez lo dejó en libertad pese a que no cumplía los requisitos para ello, como haber cumplido una tercera parte de la pena y abonado la responsabilidad civil. El magistrado acabó siendo destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura por decenas de irregularidades en procesos penales.
El hombre aprovechó este error judicial para escapar de su país y acabó instalándose en Mallorca. Y también en la isla se vio implicado en grave episodio violento. Ocurrió en la madrugada del 11 de noviembre de 2013 en una discoteca situada en la calle Manacor, en Palma. Según la fiscalía, el acusado se enzarzó en una discusión con un joven paraguayo de 27 años. Durante la pelea, el peruano rompió una botella de cerveza y atacó con ella a su rival, causándole varios cortes en la cabeza y el brazo.
El acusado intentó escapar, pero fue retenido por varios testigos. Numerosas dotaciones de la Policía Local acudieron al establecimiento y arrestaron al agresor. La víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Sufrió una perforación en la oreja izquierda y heridas inciso contusas en la cabeza, el codo y la cara. Precisó varios puntos de sutura, estuvo un día ingresado y tardó un mes en recuperarse completamente. Como secuelas le quedaron tres grandes cicatrices en la oreja, el codo y la cabeza.
El ministerio público acusa al peruano de un delito de lesiones, por el que reclama tres años de prisión. Dado que se encontraba en España de manera irregular, el fiscal pide que se sustituya la condena por su expulsión del país y se le prohíba regresar durante ocho años. Además, pide que indemnice a la víctima con 2.700 euros por las heridas que le causó y las secuelas que padece.
El hombre debía ser juzgado por estos hechos el pasado martes en Vía Alemania, pero no acudió a la vista oral. Está declarado en rebeldía porque no se le ha podido notificar la citación en los domicilios que constan de él en Mallorca. Según explicaron fuentes conocedoras del caso, el sospechoso se ha marchado de la isla.
El joven paraguyo al que agredió con la botella está también imputado en la causa por golpear al principal acusado y sí fue juzgado. Tanto él como todos los testigos que declararon en la vista explicaron que se limitó a defenderse de la agresión del peruano, que se abalanzó sobre él con la botella rota. Además, aseguraron que todo comenzó porque un grupo de amigos se salpicaron con agua y algunas gotas alcanzaron al peruano, que reaccionó con ira.
El fiscal solicitaba inicialmente dos años de cárcel para él por un delito de lesiones, pero a la vista de las declaraciones de los testigos y apreciando la atenuante de dilaciones indebidas, rebajó su petición a una multa de 360 euros. La defensa reclamó su absolución al entender que concurre la eximente de legítima defensa.
