El canciller del Obispado de Mallorca, Joan Darder, dio la voz de alarma por la proliferación de matrimonios sospechosos entre ciudadanos indios y mujeres españolas. Su inquietud se demostró plenamente fundada. Un total de nueve personas se sentarán el lunes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número cuatro de Palma para responder de los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y asociación ilícita. El fiscal pide para todos ellos penas que suman treinta años de prisión.
A raíz de la alerta dada por el canciller del Obispado de Mallorca, agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía iniciaron una investigación ante las sospechas fundadas de que una red podría dedicarse a organizar matrimonios de conveniencia.
Por medio de estos matrimonios canónicos fraudulentos, los extranjeros -todos hombres nacidos en la India- podían legalizar su situación administrativa como residente en España después de desposarse con una española.
De esta manera, los contrayentes podían obtener el permiso de residencia familiar comunitario y de Trabajo. Este fraude, según precisa el fiscal, suponía un "perjuicio del Estado Español".
La inmensa mayoría de estos matrimonios concertados tuvieron lugar durante el año 2009 y los primeros meses de 2010 en distintos puntos de Mallorca.
Los tres considerados cabecillas de esta organización, para los que el fiscal solicita seis años de prisión para cada uno, "se dedicaban a captar a los ciudadanos extranjeros, además de buscar la iglesia". Asimimo reclutaban a una española a la que le ofrecían la posibilidad de ganar dinero con el enlace fraudulento.
En otra modalidad de este fraude, el contrayente utilizaba docmentos de identidad sustraídos o extraviados por sus titulares. Otras personas, muchas de ellas no identificadas, suplantaban la identidad del propietario del carné para obtener la nacionalidad.
