04 de febrero de 2017
04.02.2017

Muchas sospechas pero ninguna certeza judicial

En España se habían juzgado una quincena de robos y violaciones con escopolamina sin poder probar su uso

04.02.2017 | 01:21

El proceso judicial abierto en Palma por el uso delictivo de la burundanga ha terminado por primera vez en España en condena. En los últimos años se han juzgado en varias provincias una quincena de casos de robos y agresiones sexuales cometidas tras administrar esta sustancia a las víctimas, pero en ninguno de ellos se pudo probar científicamente que el acusado recurriera a la escopolamina para cometer el delito.

El principal obstáculo para la justicia en estos casos es la inexistencia de un informe médico que acredite la presencia de burundanga en el organismo de la víctima. Los análisis toxicológicos que se realizan en los hospitales tratan de encontrar restos de cannabis,benzodiacepinas, anfetaminas, éxtasis, cocaína y opiáceos, pero no escopolamina. Para detectarla es preciso realizar un examen específico. Además, la sustancia se metaboliza en unas horas y su rastro desaparece, aunque los efectos en el organismo puedan perdurar durante días, según los médicos consultados.

En abril del año pasado, una mujer de 36 años fue conducida en ambulancia a Son Espases con un cuadro de agitación. Estaba obnubilada y confusa, su discurso era incoherente, tenía visión borrosa y dificultades para tenerse en pie. Ella misma comentó que podrían haberle echado alguna sustancia en la bebida.

El primer análisis toxicológico en orina dio negativo en las drogas más comunes. Los médicos activaron el protocolo para casos de sumisión química y llevaron a cabo un examen más detenido, mediante una técnica llamada cromatografía de gases, que dio positivo para escopolamina. Era la primera vez que se confirmaba un caso de este tipo en toda España.

El informe médico fue incluido en el procedimiento judicial abierto contra la expareja de la víctima, que fue detenido por la Policía y reconoció haberle suministrado la droga disuelta en una bebida. Esta semana el acusado aceptó una pena de 47 días de trabajos comunitarios por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

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