La Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel a una mujer que vendió la casa del anciano incapacitado al que cuidaba y logró hacerse con 107.000 euros. La acusada se aprovechó de que el hombre de 85 años, ya fallecido, padecía párkinson y demencia para conseguir que le concediera un poder notarial y disponer de sus bienes. La compradora de la casa no pudo disponer de ella, al haberle ocultado que había una persona viviendo allí. El tribunal declara a la mujer autora de un delito de estafa y absuelve a un abogado y otros tres intermediarios que participaron en las operaciones de compraventa del inmueble.
Según declara probado la sentencia, la acusada se encargaba desde mayo de 2009 de los cuidados del anciano, residente en la barriada del Molinar, en Palma. El hombre había cedido la nuda propiedad de su vivienda a una persona a cambio de una renta mensual de 2.500 euros y gozaba del usufructo del inmueble. En febrero de 2010 fue incapacitado judicialmente al constatar un médico forense su imposibilidad psíquica para administrar sus bienes, debido al párkinson y la demencia que sufría. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios fue designada como curador de su patrimonio.
La mujer, conocedora de todas estas circunstancias, urdió un plan para enriquecerse ilícitamente a costa de la vivienda del anciano. Para ello, abusando de su confianza, consiguió que le otorgara un poder notarial para autorizarla a vender el inmueble. En octubre de 2010, llevó al anciano a un notario, sin revelarle que estaba incapacitado ni la existencia de un curador, y consiguió el documento.
Con él y tras contactar con dos intermediarios consiguió vender la vivienda a una sociedad a cambio de 77.000 euros, que recibió en efectivo. El mismo día, las partes firmaron un documento privado por el que la misma entidad vendía el inmueble el anciano, representado por la procesada, por 120.000 euros. Sin embargo, la acusada nunca llegó a recomprarlo, sino que buscó un segundo comprador por un precio mayor. De este modo, la finca fue vendida en marzo de 2011 a una mujer por 163.000 euros, de los que la cuidadora recibió 30.000. Con ambas operaciones logró hacerse con 107.000 euros que incorporó a su patrimonio.
La compradora no fue informada por la ahora condenada de que había una persona mayor residiendo en la casa y fueron los intermediarios quienes se lo explicaron, sin bien le aseguraron que cuando se llevara a cabo la venta el anciano se marcharía. Sin embargo, el octogenario no quiso irse y la afectada no pudo disponer del inmueble hasta noviembre de 2011.
La sentencia considera a la cuidadora autora de un delito de estafa con la atenuante de dilaciones indebidas y le impone dos años de prisión y una multa de 1.680 euros. Además, deberá indemnizar a la compradora de la finca con 10.021 euros por los daños y perjuicios causados y se concede a esta mujer la posesión definitiva de la vivienda.
El tribunal absuelve a los otros cuatro acusados, intermediarios en las operaciones de compraventa, al entender que no conocían las verdaderas intenciones de la condenada ni sabían que el dueño de la casa estaba incapacitado judicialmente.
