La Guardia Civil ha desmantelado una red que ocultó enormes cantidades de escombros de manera irregular en tres fincas de Mallorca. Los materiales, procedentes de construcciones y demoliciones y considerados peligrosos para el medio ambiente, eran transportados y vertidos sin ningún tipo de tratamiento, lo que permitió a los sospechosos ahorrarse unos 150.000 euros por las tasas que deben abonarse para la gestión adecuada de este tipo de desperdicios. Los acusados, imputados por un delito contra los recursos naturales, se habrían deshecho de este modo de unas 4.000 toneladas de material de todo tipo en parcelas situadas en Sineu, Petra y Establiments.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado y bautizada como Operación Femer, comenzó a finales del pasado verano. Los guardias tuvieron conocimiento de un posible vertido de residuos sin tratar en un paraje situado entre Sineu y Llubí. Los investigadores encontraron en el lugar indicado una enorme cantidad de residuos de obras y derribos, algunos considerados peligrosos, como plásticos, fibrocemento y material eléctrico.

Estos escombros estaban depositados en un gran socavón abierto con una máquina excavadora, que había retirado la tierra para depositarla en los laterales para actuar a modo de pantalla y evitar que el vertido fuera descubierto desde la carretera. El Seprona recurrió al helicóptero de la Guardia Civil para localizar desde el aire otros emplazamientos donde se llevaba a cabo la misma práctica. Así, se detectaron otras dos parcelas, en Petra y Establiments (Palma), donde las mismas personas escondían los residuos.

Tres ramas

Los investigadores, tras descubrir estos lugares, consiguieron identificar a 15 supuestos miembros de la organización dedicada a la ocultación fraudulenta de los escombros. La red estaba dividida en tres ramas: el constructor que generaba los residuos, los encargados del transporte clandestino de los materiales y los dueños de los terrenos en los que se depositaban.

Todos ellos fueron citados a declarar en calidad de investigados por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La Guardia Civil estima que habrían ocultado unas 4.000 toneladas de residuos, ahorrándose entre 140.000 y 160.000 euros por no tratarlos por los cauces legales establecidos. La normativa fija que este tipo de desechos deben ser transportados, almacenados y eliminados por empresas autorizadas para su tratamiento a fin de minimizar el impacto para el medio ambiente.