Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a unos padres por las continuas faltas de asistencia a clase de su hija durante varios cursos escolares. Las ausencias se sucedieron desde 2007 hasta 2014, cuando la menor tenía entre siete y catorce años, llegando a acumular 247 faltas injustificadas en dos trimestres pese a las advertencias de los servicios sociales. Los progenitores admitieron los hechos y se declararon autores de un delito de abandono de menores y otro de desobediencia grave, ya que obviaron un auto judicial que ordenaba la escolarización inmediata de la adolescente. Deberán pagar en total 1.440 euros de multa.
Según el relato de la fiscalía reconocido por los acusados, la menor, nacida en el año 2000, faltó a clase de manera sistemática desde el curso escolar 2006-2007. Durante el ejercicio 2012-2013 estuvo matriculada en un colegio público de Palma en sexto de Primaria y durante el primer trimestre, entre septiembre y diciembre, presentó 31 faltas sin justificar. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscalía de menores. Un juzgado de primera instancia dictó un auto en marzo de 2013 en el que acordó, como medida de protección de la menor, su escolarización inmediata y durante toda la etapa obligatoria. La resolución apercibía a los padres de la adolescente de las consecuencias penales que supondría su incumplimiento.
Dificultades de aprendizaje
Pese a ello, la chica acudió de manera discontinua a clase durante el curso 2013-2014. Presentaba dificultades de aprendizaje por su absentismo, lo que llevó a la oficina de Bienestar Social a ofrecer a los padres incluirla en un programa educativo especial del Govern. A pesar de ello, no fue matriculada en un instituto hasta febrero de 2014 y desde entonces hasta mayo de ese año presentó 216 faltas injustificadas a clase.
Un juzgado de instrucción de Palma procesó a los padres por delitos de abandono de menores y desobediencia grave. La fiscalía reclamó para los progenitores sendas penas de un año y 15 días de prisión y la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante dos años.
Antes de la celebración del juicio, el fiscal y los abogados defensores alcanzaron un acuerdo de conformidad. El ministerio público rebajó su petición por los delitos a multas de 720 euros cada uno. Los padres reconocieron los hechos y se conformaron con la reclamación del fiscal. La magistrada dictó entonces sentencia in voce, por lo que la resolución ya es firme.
