Trato vejatorio, trabajadoras sin contrato, obligadas a darse de alta pese a no estar en condiciones, y un sueldo pagado en función de la disponibilidad de liquidez del propietario. Estas eran algunas de las pésimas condiciones que sufrían diariamente las empleadas de una cadena de comida rápida de Palma. La Policía Nacional detuvo al dueño por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
A raíz de diversas denuncias de trabajadoras de estos establecimientos -en su práctica totalidad mujeres-, agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Policía Nacional iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.
En primer término, las trabajadoras denunciaron el trato vejatorio y denigrante al que eran sometidas por parte del propietario de esta cadena de comidas preparadas. Algunas de estas descalificaciones y gritos eran proferidas en presencia de clientes de estos establecimientos. Las empleadas, generalmente en una precaria situación económica, duraban poco tiempo en la empresa.
Tras realizar varias pesquisas, los investigadores averiguaron que algunas de las trabajadores ni siquiera contaban con un contrato laboral. Muy especialmente los fines de semana.
Cuando las empleadas se daban de baja, el propietario las presionaba y hostigaba para que se dieran del alta lo más rápidamente posible. Y el sueldo se les pagaba en función de la disponibilidad económica del dueño.
Los investigadores de la Policía realizaron inspecciones en siete de estos establecimientos y en la nave del polígono Son Castelló donde se preparaban las comidas principales. En compañía de un funcionario de la Conselleria de Sanidad, detectaron numerosas irregularidades sanitarias. A continuación, decretaron el cierre de estas instalaciones, en especial la zona de frío.
