Un juzgado de Palma condenó ayer a 37 personas por falsedad documental por amañar contratos laborales a ciudadanos indios para que pudieran regularizar su situación. La mayoría de imputados, una treintena, se conformó con sendas penas de seis meses de cárcel y multa, mientras que el resto aceptó condenas de 21 meses de prisión y multa por un delito continuado. Solo uno de los sospechosos no llegó a un acuerdo. La mayoría firmó documentos para ayudar a un compañero de trabajo, quien en realidad cobraba 8.000 euros para regularizar a compatriotas.
