17 de junio de 2016
17.06.2016

Libertad bajo fianza de 20.000 euros para dos supuestos cabecillas de la mafia laboral

Los acusados, Juan S.G. y Ángel L.C., eran los únicos sospechosos que permanecían presos desde diciembre

16.06.2016 | 21:46

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma ha decretado la puesta en libertad bajo fianza de 20.000 euros de dos supuestos cabecillas de la mafia laboral. Los empresarios Juan S.G. y Ángel L.C. fueron encarcelados tras la operación policial contra el entramado a mediados de diciembre del año pasado y estaba previsto que en las próximas horas depositaran el dinero y salieras libres.

El magistrado Juan Manuel Sobrino ha atendido así las peticiones de los abogados de los acusados, que le habían solicitado esta misma semana su excarcelación. La fiscalía no se opuso a la puesta en libertad si se fijaba una fianza para ellos.

Ambos están acusados de un rosario de delitos por las irregularidades fiscales, laborales e higiénicas que supuestamente se cometían en los bares y restaurantes que regentaban. La red, según las investigaciones, estaba dirigida por Juan S.G. y su hermano Jerónimo, quienes controlaban un vasto entramado empresarial mediante testaferros.

En los más de 30 locales que controlaban en Palma, Marratxí y Valldemossa se vulneraban sistemáticamente los derechos laborales y se llevaban a cabo prácticas insalubres y antihigiénicas, según las pesquisas de la Policía Nacional. Además, los cabecillas llevaban a cabo una doble contabilidad para defraudar a Hacienda y la Seguridad Social.

Tras varios meses de investigaciones, la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental (UCRIF) arrestó en diciembre pasado a 18 personas. El juez ordenó el ingreso en prisión de seis de ellas –entre ellas los dos hermanos y Ángel L.C.– y el precinto de 33 bares y restaurantes controlados por el entramado para evitar que se siguieran cometiendo las supuestas ilegalidades. Los establecimientos de la red permanecieron cerrados durante varias semanas hasta que el magistrado permitió su reapertura bajo la tutela de un administrador judicial.

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