El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Palma, Juan Manuel Sobrino, ha admitido a trámite una querella contra el excoronel de la Guardia Civil de Balears Basilio Sánchez Rufo y otros cuatro mandos del Instituto Armado. El juez considera que los hechos recogidos pueden ser constitutivos, al menos, de un presunto delito de prevaricación administrativa. Por todo ello acuerda incoar diligencias previas por el procedimiento abreviado.
La querella fue interpuesta por un sargento y tres agentes de la Guardia Civil de Calvià el pasado 3 de abril, tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA.tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA En dicho escrito se hacía constar que sus entonces superiores podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación administrativa, falsedad, falso testimonio y revelación de secretos.
Los querellantes consideran que, con la comisión de estos presuntos delitos, sus superiores de la Guardia Civil de Balears les condujeron a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma por presuntas torturas a un joven británico. Unos cargos de los que fueron absueltos por el Tribunal Supremo en Sentencia firme.
Los hechos que originaron esta primera acusación de supuestas torturas a los ahora querellantes se remontan al 21 de noviembre de 2009 en una discoteca de Son Caliu, en el término municipal de Calvià. Un joven británico acosó a una mujer y un sargento de la Guardia Civil de paisano, que se encontraba en esos momentos en dicho establecimiento, se interpuso. El turista inglés, en compañía de otro compatriota, agredió al suboficial del Instituto Armado hasta el punto de dejarle inconsciente.
Los dos británicos fueron detenidos. Entonces, según los querellantes, se urdió "una maquinación" contra el sargento y los tres agentes que participaron en estos incidentes. Como consecuencia de este expediente por presuntas torturas, incoado por los mandos de la Guardia Civil contra ellos, los funcionarios fueron suspendidos de sus funciones y perdieron su destino.
A este procedimiento administrativo se sumó la apertura de un proceso penal por los presuntos delitos de malos tratos y torturas "sin que hubiese motivo alguno para ello".
"Animadversión"
Los querellantes argumentan que tanto el excoronel de la Guardia Civil de Balears Basilio Sánchez Rufo como los otros cuatro mandos les tenían "animadversión". Esta circunstancia propició, de acuerdo con el escrito presentado en el juzgado, que se dedicaran a "mentir e imputar hechos delictivos a quien no tenía ningún motivo para ello".
La querella resalta que sus superiores se dedicaron a buscar "argumentos y pruebas falsas" con la supuesta finalidad de propiciar la imputación de los ahora denunciantes. De hecho, según consta en el escrito, se celebró una reunión a la que acudieron todos estos mandos mientras los británicos implicados en el altercado en la discoteca se encontraban detenidos en los calabozos.
En este encuentro entre el excoronel de la Guardia Civil de Balears y los otros mandos, recoge el texto admitido a trámite por el juez, "se pusieron de acuerdo" buscando todo aquello que les incriminara. En cambio, "todas las declaraciones exculpatorias a favor" y "los informes médicos las hacen desaparecer". Sin embargo, toda esta prueba fue recuperada en el transcurso de la vista oral del juicio celebrado en la Audiencia Provincial "en requerimiento de urgencia de la Fiscalía".
La querella también incluye una acusación de "falso testimonio" de los mandos de la Guardia Civil durante su comparecencia en calidad de testigos en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia.
El escrito indica que un teniente, según supuestas manifestaciones de diferentes testigos, habría pedido "un escarmiento público" para los entonces acusados. Estas palabras la habría pronunciado el oficial en nombre del excoronel jefe de la Guardia Civil de Balears Basilio Sánchez.
