25 de mayo de 2016
25.05.2016
Investigación

La mafia laboral tenía cinco locales conectados al alumbrado público

El juez instructor tomó declaración ayer a cinco investigados, entre ellos el abogado del cabecilla

25.05.2016 | 01:02

La mafia laboral suma una nueva acusación al rosario de delitos que se le imputan: defraudación de fluido eléctrico. Uno de los líderes del entramado de restaurantes de Palma investigados por explotación laboral, Ángel L.C., que continúa en prisión provisional desde mediados de diciembre de 2015, supuestamente tenía cinco de sus locales conectados de forma ilegal al alumbrado público de la ciudad. Los investigadores detectaron que los establecimientos estaban enganchados a la red eléctrica municipal. De esta manera, el empresario imputado se ahorraba las facturas de la luz y habría cometido un fraude. El magistrado que instruye la causa de la mafia laboral ha añadido este nuevo delito al procedimiento.

De hecho, el juez Juan Manuel Sobrino, titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, ayer tomó declaración en calidad de investigada a la mujer de Ángel L.C. por defraudación de fluido eléctrico. La sospechosa se acogió a su derecho a guardar silencio y no declaró. Por su parte, su pareja ya ha sido citada también para comparecer ante el magistrado a principios de junio.

Ayer al mediodía otras cuatro personas declararon también en calidad de investigadas en el juzgado de instrucción 1 de Palma, entre ellas el abogado que asesoraba al principal acusado en la trama, Joan S.G., que lleva encarcelado cinco meses. El letrado aseguró que se limitaba a aconsejar al empresario de la restauración en las sociedades que este disponía y que solo le llevaba temas administrativos. Según su versión, hacía de intermediario y en cuestión de contrataciones y asuntos laborales era la gestoría de Joan S.G. la que se encargaba de todo. El profesional señaló que únicamente acudió a la Seguridad Social por unos casos puntuales de unos empleados, pero que él no se ocupaba de estas cuestiones.
El abogado explicó que cobraba unos 300 euros al mes por sus servicios. Según detalló, le pagaban mediante transferencia y también en efectivo. De esta manera, desmintió la versión de otros imputados que habían manifestado a los investigadores que el letrado cobraba 500 euros a la semana en sobres. Al reconocer que disponía de facturas por sus servicios, el juez le requirió para que aporte esas facturas en el plazo de tres días.

El resto de investigados que ayer declararon ante el magistrado fueron tres empleados de la mafia laboral. Uno de ellos confirmó la situación laboral de los trabajadores, que eran contratados por unas pocas horas a la semana cuando en realidad hacían jornadas maratonianas. El abogado del cabecilla alegó que este tipo de prácticas suelen ser muy habituales en el sector de la hostelería. El empleado de Joan S.G. también ratificó que el empresario se entrevistaba con mujeres jóvenes que luego podían ser contratadas y las invitaba a copas. Luego, se marchaban juntos. En cambio, a los chicos no los invitaba.

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