Un arquitecto y dos empresarios han aceptado pagar sendas multas de 3.600 euros por la muerte de un trabajador en una obra sin licencia en Cala Llamp, en Andratx. La víctima tenía 59 años cuando el 1 de diciembre de 2009 falleció aplastada al caerle encima un muro, en unos trabajos que carecían de las licencias pertinentes. El Ayuntamiento había detectado días atrás que la pared estaba en mal estado y no concedió el permiso de obra menor. Los tres procesados aceptaron la sanción económica tras pactar con la fiscalía, que inicialmente reclamaba tres años de cárcel para cada uno de ellos por dos delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores.
La dueña de la finca, situada en la calle Congre de la urbanización Cala Llamp, contactó en el verano de 2009 con un arquitecto para reparar el muro de cerramiento de la parcela. El técnico decidió que la pared debía ser derribada y reconstruida, asumiendo la dirección facultativa de los trabajos. Las obras fueron encomendadas a dos empresas. El arquitecto solicitó una licencia de obra menor, que el Ayuntamiento no concedió, al entender que debía ser tramitada como obra mayor. Además, la celadora municipal detectó fisuras y cierta inclinación del muro sobre la vía pública, ordenando que se adoptaran medidas de seguridad para evitar el riesgo de derrumbe.
Pese a no disponer de los permisos, las obras comenzaron el 30 de noviembre, cuando el encargado de una de las empresas ordenó a uno de sus trabajadores que realizara un corte vertical en el extremo izquierdo del muro. La pared tenía una longitud de 15 metros y una altura de tres. A la mañana siguiente, cuando una parte del muro había sido ya derruida, un empleado de una empresa de electricidad llegó al lugar para realizar la lectura de un contador. Los escombros bloqueaban la puerta, por lo que uno de obreros que trabajaban en la reconstrucción de la pared se acercó para ayudarle a quitarlos. En ese momento, comenzó a desprenderse material y este último trabajador quedó sepultado por las piedras. Falleció casi en el acto debido a un choque hemorrágico y politraumatismo por aplastamiento. Tenía 59 años y tres hijos.
La fiscalía sentó en el banquillo de los acusados tanto al arquitecto que dirigía las obras por la ausencia de licencias -y en consecuencia de proyecto técnico- como a los responsables de las dos empresas contratadas para llevar a cabo los trabajos. Uno, por no haber elaborado el plan de seguridad y salud ni la evaluación de riesgos, y el otro por no adoptar las medidas necesarias para evitar el desplome del muro pese a su precario estado.
El ministerio público acusó a los tres procesados de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con otro de homicidio imprudente. Por ellos reclamaba sendas condenas de tres años de prisión y la inhabilitación durante ese tiempo de dos de los sospechosos para ejercer como arquitecto y jefe de obra, respectivamente.
La fiscalía, sin embargo, rebajó notablemente estas peticiones tras alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas antes del juicio, celebrado hace unas semanas en un juzgado de lo penal de Palma. Con este pacto, los tres acusados admitieron su responsabilidad en el accidente que costó la vida al trabajador y se conformaron con el pago de una multa de 3.600 euros.
Las compañías de seguros de los procesados, por su parte, indemnizarán a la mujer y las tres hijas del hombre con 270.000 euros en total, como solicitaba la fiscalía en su escrito.
