Los dueños de dos restaurantes de Palma aceptaron ayer en la Audiencia Provincial sendas penas de multa de 10.000 euros por explotación laboral por imponer condiciones abusivas a sus trabajadores, a quienes vigilaban constantemente a través de videocámaras y menospreciaban llamándoles "rata, perro o inútil" entre los años 2013 y 2015. Los acusados vulneraban los derechos de sus empleados y se aprovechaban de su situación de necesidad, ya que no podían perder su puesto de trabajo debido las cargas familiares a las que tenían que hacer frente. Así, las víctimas solo disponían de un día de descanso a la semana, no tenían vacaciones retribuidas ni podían ponerse de baja por enfermedad o pedir el permiso de paternidad. Además, les imponían sanciones y les descontaban las propinas si rompían algún vaso o plato.
Los dos sospechosos, un joven español de 28 años y su compañera sentimental, de 27 y origen rumano, ayer confesaron los hechos ante el tribunal de la sección segunda. La pareja eludió la prisión y se conformó con una multa de 10.000 euros para cada uno. Ambos se declararon autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de imponer condiciones abusivas a empleados.
Inicialmente, la fiscalía solicitaba para ellos sendas condenas de cinco años de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier tipo de comercio o profesión relacionado con la alimentación por ese mismo periodo. El ministerio público rebajó considerablemente su petición al retirar el delito conta la salud pública por prácticas insalubres y solo acusó por el delito contra los derechos de los trabajadores. Por este motivo, la pena fue de dos años y nueve meses de multa a razón de diez euros diarios.
La pareja regentaba desde 2012 hasta marzo de 2015 dos restaurantes ubicados en las calles Verge de Montserrat y Cardenal Rossell, en Palma, vulnerando de forma sistemática entre 2013 y 2015 los derechos laborales de los empleados. Los acusados contrataban a los trabajadores y les daban de alta en la Seguridad Social por una jornada laboral de entre dos y cuatro horas diarias, cuando en realidad trabajaban entre doce y catorce horas al día. Cobraban el sueldo en efectivo por debajo a lo estipulado en el convenio de la hostelería, no les pagaban las horas extras ni las vacaciones ni tampoco el finiquito. Tenían restringidos sus derechos y permisos, bajo represalia de ser despedidos. Además, les sancionaban si rompían algún tipo de material y eran humillados y constantemente vigilados por cámaras. En febrero de 2015, la conselleria de Salud detectó deficiencias en los locales.
