Caso Abierto - Diario de Mallorca

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Tribunales

Condenada a 36 años una red que adquiría coches de desguace para cobrar subvenciones

La juez impone penas de dos años de cárcel y un año y 9 meses a 20 acusados por falsedad documental

Los imputados simulaban la compraventa de coches viejos antes de ser dados de baja y desguazados para obtener las subvenciones estatales.

Un juzgado de Palma ha condenado a penas que suman 36 años y medio de prisión a una red formada por 21 acusados, la mayoría comerciales de concesionarios de vehículos de la isla y también los responsables de dos empresas de reciclaje de automóviles, que actuaron concertados en 2010 para comprar coches de desguace, sin el consentimiento de los legítimos propietarios, y así ofrecérselos a los clientes que iban a adquirir un modelo nuevo para poder cobrar el Plan 2000E, similar al Plan Renove, la ayuda pública estatal de 500 euros.

La juez ha impuesto sendas condenas de dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental para los cuatro principales imputados, al frente de una empresa de la ciudad que se encargaba de dar de baja los vehículos viejos y otra de desguace, a quienes también ha inhabilitado durante el mismo periodo de tiempo para ejercer una profesión o industria dedicada al tratamiento y al achatarramiento de automóviles. La sentencia, que aún no es firme, tiene en cuenta el número de operaciones de compraventa irregulares realizadas a principios de 2010, más de 40, y el hecho de que se prevalieran de su trabajo "bajo el paraguas de sus respectivas empresas" para poder cometer el delito.

La magistrada también condena a otros 16 sospechosos, comerciales y jefes de venta de concesionarios de Palma, Inca y Manacor, a sendas penas de un año y nueve meses de prisión por falsedad documental continuada. Para otra vendedora de coches, el fallo es menor: seis meses.

En materia de responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización total de 19.500 euros en beneficio del ministerio de Industria, perjudicado por las subvenciones que se cobraron de forma indebida.

Los acusados actuaron concertados. La empresa que daba de baja los coches y la que los reciclaba se aprovechaban de la documentación e identidad de los dueños de estos automóviles para ofrecer, sin que ellos lo supieran, estos datos a particulares o a concesionarios para poder obtener la ayuda pública del Estado a través del Plan 2000E.

Así, antes de que los coches viejos fueran dados de baja y, sin el consentimiento de los propietarios, simulaban una compraventa, cambiaban de nombre el vehículo y de esta manera los nuevos titulares se beneficiaban de la subvención de 500 euros. Mientras, a la persona que había entregado el automóvil para que fuera dado de baja y desguazado se le hacía llegar un documento de baja manipulado para que no se percatara del cambio de titularidad que se había producido sin su conocimiento ni consentimiento.

Con este 'modus operandi' efectuaron más de 40 operaciones en la isla, hasta que la Guardia Civil de Tráfico les descubrió. Según destaca la sentencia, en todos los casos simulaban la firma del vendedor del coche viejo en los contratos de compraventa y, en algunas ocasiones, incluso también la del comprador. En esta mecánica también participaban los concesionarios de vehículos. La juez reprocha a los comerciales que como profesionales en el sector de la automoción son perfectos conocedores de las operaciones de compra y venta de vehículos, de sus requisitos, condiciones y trámites. Además, todos ellos se encuentran al frente de conocidas marcas comerciales, marcas de prestigio, que generan una confianza en los clientes que acuden a sus establecimientos.

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