Un sargento y tres agentes se han querellado contra el ex coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Balears, Basilio Sánchez Rufo, y otros cuatro mandos. Los denunciantes les acusan de los presuntos delitos de falso testimonio, falsedad documental, prevaricación y revelación de secretos que les condujeron a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por un supuesto delito de torturas a un joven británico. El Tribunal Supremo absolvió de todos los cargos a los ahora querellantes.
Los hechos que motivaron la querella se remontan al 21 de noviembre de 2009 en una discoteca de Son Caliu, en Calvià. Un joven británico acosó a una mujer y un sargento de la Guardia Civil, de paisano, se interpuso. En compañía de otro, el turista inglés agredió al suboficial.
La querella hace hincapié en la "animadversión" hacia ellos de determinados mandos que se traduce en que los documentos que podrían haber exculpado de toda agresión a los guardias civiles "permanecieron ocultos con ánimo de perjudicarles". Entre estos se encontrarían las declaraciones de los testigos y los informes médicos.
Los querellantes aseguran que los mandos, durante su comparecencia en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, se dedicaron a "mentir para perjudicarles" y que su supuesta finalidad era "conseguir una condena penal en su contra".
Previamente, al sargento y a los otros tres agentes se les había incoado un procedimiento administrativo que había derivado en la suspensión de sus funciones y en la pérdida de su destino. Alguno de ellos fue trasladado a la península, pese a tener su residencia fijada en la isla y menores a su cargo.
Los querellantes atribuyen al excoronel de la Guardia Civil de Balears, Basilio Sánchez Rufo, la intención de que los agentes y el suboficial fuera sancionados. Al mismo tiempo esta medida debería servir "de escarmiento público". Los ahora denunciantes fueron detenidos por presuntas lesiones graves a los supuestos agresores británicos.
A raíz del incidente en la discoteca de Son Caliu, la Guardia Civil elaboró una información reservada que, a juicio de los querellantes, era "dolosamente sesgada". Todas las declaraciones exculpatorias habían desaparecido. Solo se recuperaron al completo durante la vista oral "en requerimiento de urgencia de la Fiscalía".
Asimismo, los querellantes hacen mención a la supuesta oposición manifiesta de otros dos capitanes de la Guardia Civil "por lo irregularmente actuado en la información reservada" y "la ocultación de documentos esenciales".
"Falso testimonio"
En dicha querella, se insiste en repetidas ocasiones en que el entonces coronel jefe de la Guardia Civil Basilio Sánchez Rufo "faltó deliberadamente a la verdad" al elevar a la superioridad la propuesta de sanción el 30 de noviembre de 2009 "cuando no habían sido ni tan siquiera denunciados", recalca el escrito.
La querella afirma categóricamente en su escrito que tanto el instructor como el secretario del expediente disciplinario que les fue incoado al sargento y a los tres agentes de la Guardia Civil "mintieron". De hecho, sustentan que uno de los autores de la información reservada pudo haber incurrido en un delito de "falso testimonio" durante su declaración como testigo en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.
