El fiscal ahora no acusa a los falsos príncipes de Hohenlohe de una gran estafa piramidal de ocho millones de euros gestada en Mallorca entre 2008 y 2011, por la que incluso llegaron a estar en prisión provisional durante unos nueve meses en Palma a mediados y finales de 2012. El ministerio público, en un escrito absolutorio remitido al juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, encargado de investigar la causa, considera que la pareja imputada no cometió ningún delito. Según concluye, no ha podido acreditarse que los acusados se apropiaran de las cantidades de dinero invertidas o depositadas por los particulares. Los afectados son más de un centenar de personas, la mayoría germanos, ingleses y españoles que se vieron atraídos por los suculentos beneficios que ofrecían con intereses del 15 o del 18 por ciento anuales. Así, entre 2007 y 2012, los sospechosos lograron efectuar unas 200 operaciones financieras que generaron un volumen de negocio cercano a los seis millones de euros, según detalla el fiscal.
Esta decisión del ministerio público de pedir ahora la absolución del autodenominado príncipe de Hohenlohe, Jürgen Ludwig H., ciudadano austriaco de 57 años, y de su pareja, Beatriz D.B., española de 42, ha supuesto un duro revés para las víctimas, a las que deriva a la vía civil. La fiscalía concluye que los hechos investigados no son constitutivos “de infracción penal alguna” y añade que las reclamaciones de los perjudicados son susceptibles de sustanciarse ante la Jurisdicción civil con la interposición de la correspondiente demanda de reclamación de cantidad.
Pese a ello, varios letrados están personados como acusación particular en el caso, en representación de diferentes afectados, y sí que han formulado escrito de acusación contra los sospechosos, por lo que tendrían que ir a juicio ante la Audiencia de Palma. De hecho, el magistrado instructor en el auto de transformación de la causa a procedimiento abreviado, en septiembre de 2015, determinó que existían indicios para imputar a la pareja un delito continuado de estafa y otro de apropiación indebida. Según el juez, el aristócrata austriaco y su compañera aparentaban una solvencia de la que carecían para captar a inversionistas, ya que disponían de un barco, organizaban fiestas e incluso tenían colgadas en sus oficinas fotos firmadas de políticos y miembros de la Familia Real Española.
El fiscal, en su reciente escrito absolutorio, detalla que la pareja, a la que finalmente se le impuso una fianza de 60.000 euros para eludir la cárcel, figuraba como responsable de dos sociedades dedicadas a la intermediación financiera. La mujer era la administradora social y el hombre, el administrador “de facto”, quienes desde 1998 ofrecían asesoramiento financiero y ponían en contacto a inversores con clientes a los que los bancos les habían denegado préstamos y precisaban financiación. Por esta gestión de intermediarios percibían una comisión. Igualmente, pedían al cliente que entregara una parte del dinero recibido del inversor, cantidad por la que el cliente percibiría en uno y dos años un interés del 18%, es decir, recibía 200 euros de intereses por cada 5.000 euros. Estas operaciones se elevaban a escritura notarial y hacían firmar un “reconocimiento de deuda”, “con cabal conocimiento y comprensión por parte del cliente”, según destaca el fiscal. Así, al finalizar el periodo pactado, el cliente recibiría la suma entregada por parte de las entidades financieras.
En otras ocasiones, se constituían hipotecas sobre inmuebles de los clientes, conociendo estos las consecuencias del gravamen. Estas operaciones también se elevaban a escritura notarial. Además, otros inversores, atraídos por las rentabilidades ofrecidas, depositaban grandes cantidades de dinero en las sociedades descritas. Entre 2007 y 2012, se ejecutaron 200 operaciones financieras que generaron 6 millones de euros. A finales de 2010, estas entidades iniciaron un proceso de impago de los intereses pactados y no devolvieron las sumas depositadas por los clientes.
