Unos 200 ecuatorianos residentes en Mallorca se han visto afectados por el cierre repentino de la empresa de paquetería OGC. Las cajas enviadas por las víctimas a este país sudamericano se han quedado sin llegar a su destino.
El pasado lunes esta empresa de paquetería ecuatoriana OGC cerró las puertas en la delegación del número 8 de la calle Jafuda Cresques de Palma sin previo aviso. La firma, con sede central en Madrid, y con sucursales también en Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Murcia también clausuró estas instalaciones.
Hasta el momento se han contabilizado 4.000 afectados por el súbito cierre de esta empresa de paquetería. Algunas de las víctimas de esta clausura han visto congelados sus envíos o la recepción de objetos en Londres, Francia, Italia, Alemania o Bélgica.
El cónsul de Ecuador en Balears, Freddy Arellano, habilitó el teléfono móvil 666883480 para que los afectados en Mallorca le mandaran por WhatsApp las denuncias. En declaraciones al periódico Baleares sin Fronteras, Arellano abundó en que toda la documentación que le llegue será remitida a la Embajada en España. La representación diplomática se encargará de capitalizar todas las denuncias de los afectados y emprender las acciones legales correspondientes.
Un grupo de damnificados se reunió ayer con el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, y con la representante de la Defensoría del Pueblo de su país, Míriam Ramírez, para exponer su caso y plantear posibles soluciones a través de la creación de plataformas y la apertura de un posible procedimiento judicial.
Según Calahorrano, lo primero es conocer el número total de damnificados y que sean "ellos mismos" los que creen sus "instrumentos de lucha".
Los trabajadores de esta empresa interpusieron una denuncia en la policía y, por ahora, consiguieron que se precintara una de las naves propiedad de la empresa en la capital, donde podrían estar parte de los envíos de los meses de enero y febrero.
Los responsables de la empresa no cogen el teléfono y se encuentran en paradero desconocido, aunque "hasta el sábado y el domingo" estuvieron recogiendo mercancías, señaló Darwin Castro, uno de los afectados.
La representante de la Defensoría Pública de Ecuador, Míriam Ramírez, dijo que tanto la embajada como el organismo que representa acompañarán a los afectados en los procesos judiciales en España y en Ecuador.
