Dos matrimonios reconocieron ayer haberse dedicado a la venta de cocaína en el poblado de Son Banya y aceptaron penas que suman diez años de prisión. Otros tres sospechosos negaron, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, su relación con el narcotráfico y aseguraron que viven de su trabajo y de las ayudas públicas. En la causa figura un octavo procesado, que está huido de la justicia. Todos fueron arrestados durante una gran operación policial en el poblado a finales de 2010, en la que se incautó más de un kilo de cocaína y 322.000 euros.
La fiscalía sostiene que los acusados, miembros de los clanes de Los Valencianos y El Cabrero, se dedicaron entre mayo y noviembre de aquel año a distribuir cocaína, heroína y cannabis en varias chabolas de Son Banya. Realizaban la venta tanto directamente como a través de inmigrantes sudamericanos en situación irregular a los que pagaban un pequeño salario.
Cuatro de los procesados reconocieron los hechos tras llegar a un acuerdo con el ministerio público, que rebajó para ellos su petición inicial de condena de cuatro años y medio de cárcel. Estos acusados, dos matrimonios, admitieron que utilizaron sus domicilios de la calle 4 del poblado como puntos de venta de estupefacientes y se conformaron con penas de entre dos y tres años de prisión y multas de 1.000 y 6.000 euros.
Los otros tres supuestos narcotraficantes negaron durante la vista oral cualquier relación con el narcotráfico. Ninguno quiso responder a las preguntas del fiscal y solo contestaron a sus abogados. Dos de ellos, una pareja con ocho hijos en común, afirmaron que no residen en el domicilio señalado por la Policía como uno de los puntos de venta de drogas, sino en una casa contigua. "Llevo 12 ó 13 años viviendo ahí. Nunca me he dedicado a traficar, siempre he vivido de mi trabajo", explicó el hombre, quien aseguró que en aquella época cobraba 1.100 euros en una empresa y que actualmente es peón de albañil y percibe 1.800 euros. "No pagamos alquiler, ni luz, ni agua", añadió para demostrar que cuenta con medios para mantener a toda su familia. Su mujer añadió que no tienen "nada que ver" con el narcotráfico y que son víctimas de una "injusticia". "Estamos sufriendo mucho", sentenció.
Otro procesado, acusado por la fiscalía de controlar una vivienda en la que se incautaron más de un kilo de cocaína y 322.240 euros en efectivo, negó tener relación con ese domicilio. "No sé nada ni del dinero ni de la droga. Yo vivía en otra casa, en la que me detuvieron", explicó.
El tribunal de la sección primera de la Audiencia escuchó también durante el juicio a los agentes del Grupo de Estupefacientes que durante meses investigaron las actividades de los sospechosos e interceptaron a decenas de compradores cuando salían de los puntos de venta tras adquirir pequeñas cantidades de cocaína y heroína.
