Tribunales

Un funcionario confiesa haber expedido pasaportes y DNI falsos

El acusado reconoció los hechos ayer en la Audiencia de Palma y la fiscal pidió para él catorce años de cárcel

05.03.2016 | 01:55
Los siete imputados, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Palma.

El principal acusado del entramado que ha sido juzgado en la Audiencia de Palma por falsificar documentación para inmigrantes en situación irregular a cambio de dinero, un funcionario de la Administración General del Estado destinado en la Jefatura Superior de Policía de la ciudad, confesó ayer ante el tribunal haber expedido pasaportes y DNI falsos en el verano de 2014.

El sospechoso, que está inhabilitado y que cumple una condena en prisión de dos años y tres meses por quedarse más de 4.400 euros de ciudadanos que pagaban las tasas de renovación de su DNI en comisarías de Palma y Madrid en 2007 y 2008, ayer cambió su versión de los hechos y decidió declararse culpable de los cargos. Alegó, entre lágrimas, que en esas fechas era cocainómano. Pese a su confesión, la fiscal destacó que su actuación había sido muy grave, por lo que mantuvo su petición de condena de 14 años de cárcel por falsedad en documento oficial, cohecho y pertenencia a grupo criminal.

El ministerio público sostiene que el funcionario, concertado con otros imputados, confeccionaba documentos oficiales desde la Jefatura de Palma a inmigrantes sin papeles a cambio de dinero. Para ello, tomaba los datos del carné de otra persona, simulaba una renovación e incorporaba una fotografía del inmigrante. "Quiero pedir perdón por los hechos que he cometido. La verdad es que estoy arrepentido porque no esperaba estar en esta situación. No merece la pena. Pido perdón a mi pareja y al tribunal pedirle benevolencia. Yo era cocainómano", destacó el funcionario. Su pareja, que se enfrenta a una petición de pena de 7 años y 9 meses, lamentó también lo ocurrido: "Me siento mal, muy culpable, arrepentida".

Otro acusado, para quien la fiscal solicita diez años y medio de cárcel, alegó que era adicto a las drogas y dijo estar arrepentido. Su compañera se enfrenta a cinco años y tres meses y un ciudadano guineano, a cuatro años. Un senegalés se conformó con dos años de prisión y otro, con cuatro años y medio, que se sustituyen por su expulsión del país durante 10 años.

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