La Audiencia de Palma inició ayer el juicio contra un entramado que en verano de 2014 se dedicó a confeccionar DNI y pasaportes falsos que eran expedidos en la Jefatura Superior de Policía a cambio de dinero para inmigrantes en situación irregular. Uno de los principales acusados, un funcionario de la Administración General del Estado destinado en la oficina de DNI de la comisaría de Palma, que inicialmente se enfrentaba a una petición de condena de 14 años de prisión por cohecho, falsedad en documento oficial y pertenencia a grupo criminal, admitió ayer ante la sala que realizó un DNI y un pasaporte a una mujer sabiendo que no era ella. "Les quise hacer un favor porque soy amigo de su compañero. Ellos dos me engañaron. Me dijeron que si le podía hacer el favor de hacer un DNI y pasaporte para la hermana de ella porque los había perdido en República Dominicana y ella iba a tardar en obtenerlo allí uno o dos meses. Me pidió también que le cambiara el domicilio. Yo lo hice pensando que de verdad era la foto de su hermana. No supe que no era su hermana hasta que me detuvieron", alegó el hombre.

El funcionario, ahora inhabilitado y en prisión donde cumple una condena de dos años y tres meses por apropiarse de más de 4.400 euros de ciudadanos que pagaban las tasas de renovación de su DNI en comisarías de Palma y Madrid en 2007 y 2008, rechazó haber delinquido en otros dos casos de ciudadanos senegaleses los días 2 y 3 de septiembre de 2014, a quienes también expidió sendos DNI y pasaportes. "A mí me parecieron las mismas personas. Las dos personas me parecieron iguales. En ambos casos los di por buenos y les hice la documentación", detalló el imputado, al comparar la foto antigua de la base de datos del DNI con los rostros de los solicitantes. "Yo a las personas de color, los chinos y los árabes con barba tengo muchos problemas para distinguirlos", añadió. El hombre negó haber cobrado, pese a reconocer que le habían hecho suculentas ofertas.

Un senegalés acusado aseguró que viajó de Italia a Palma para conseguir la documentación española por 7.500 euros. Otro compatriota y un guineano negaron haber cobrado ningún dinero, pero uno de ellos admitió que captó a un paisano para que obtuviera el DNI. Una acusada confesó que puso su huella en un DNI y pasaporte ajenos.