El magistrado Juan Manuel Sobrino ha autorizado la reapertura de todos los locales de la mafia laboral bajo control judicial. Se trata de una treintena de restaurantes, la mayoría situados en Palma, que fueron clausurados a mediados de diciembre de 2015 y enero de 2016 en el marco de la 'Operación 14'. El juez que investiga la red de empresarios del sector de la hostelería acusados de explotación laboral, organización criminal, fraude a la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contra la salud pública, por presuntamente servir comida caducada o en mal estado, ha ordenado desprecintar todos los establecimientos.
El juzgado de instrucción 1 de Palma ha decretado el levantamiento de la medida cautelar de clausura temporal de los negocios y ha acordado la intervención de las sociedades para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores. Además, el magistrado ha nombrado a un interventor judicial para que se encargue de la administración de todos los locales de la mafia laboral.
Por ello, el juez ha suspendido las facultades de los administradores, apoderados y testaferros de estas empresas y, ahora, esas funciones serán desempeñadas por el interventor judicial, quien tendrá "plenas facultades gestoras, contables, fiscales y laborales". Así, a partir de ahora y durante los próximos días, se irán reabriendo los restaurantes y, en pocas semanas, ya estarán en pleno funcionamiento. Uno de estos negocios es el emblemático Diplomatic, ubicado junto al Parlament, lugar muy frecuentado por políticos y periodistas de la isla.
Mientras tanto, las pesquisas prosiguen y todavía continúan encarcelados los cabecillas del entramado, entre ellos los hermanos Juan Antonio y Jerónimo S.G., detenidos a mediados de diciembre por la UCRIF de la Policía Nacional.
El reciente auto que permite reabrir la treintena de locales destaca que uno de los intereses que deben ser preservados en la causa es el de proteger los derechos de los trabajadores que estaban empleados en los restaurantes de la red. Con la clausura temporal de los locales se les había impedido seguir trabajando, lo que les suponía un doble perjuicio. Por otro lado, "si se abren los negocios, podrán seguirse realizando la explotación de los mismos, lo cual, permitirá generar beneficios con los que poder, entre otras cosas, pagar el salario a los trabajadores, así como sus cuotas de la Seguridad Social", detalla el juez.
Con control judicial
"Ahora bien, lo anterior debe hacerse con un control judicial y fiscal, de forma que no se vuelvan a vulnerar los derechos de los trabajadores, ni se les dé de alta en la Seguridad Social por las horas realmente trabajadas (...), ni se vuelva a maltratar o amenazar a los operarios, ni se vuelva a realizar un doble facturación en los negocios, ni que se permita el que se sirva comida caducada o en mal estado", apunta el magistrado. Por ello, se considera necesario que el administrador judicial nombrado extienda sus funciones de gestión y control a todos los locales.
También el auto acuerda la intervención judicial de las sociedades investigadas para que el administrador pueda ejercer sus funciones de forma correcta y así poder acceder a las cuentas bancarias, la contabilidad de las empresas del grupo, la documentación y tributos.
El interventor judicial gestionará y controlará una quincena de sociedades vinculadas al sector de la restauración y deberá rendir cuenta mensual de su actividad. Tendrá plenas facultades pudiendo anular órdenes de domiciliación, modificar autorizaciones en cuentas bancarias, eliminar a personas autorizadas, acceder a documentación fiscal y laboral, controlar la facturación, la gestión de las compras, la fijación de precios y selección de productos, así como la contratación o despido de empleados.
