La fiscalía solicita penas que suman 265 años de cárcel a 31 presuntos miembros de una red que introducía y vendía en Mallorca grandes partidas de hachís y cocaína procedentes de Francia, Holanda y Marruecos. La banda utilizaba correos para traer la droga a la isla escondida en vehículos y su principal destino era el poblado de Son Banya, aunque una parte de ella era distribuida en la Part Forana. La investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil permitió intervenir diez kilos de cocaína y 200 de hachís. Está previsto que el macrojuicio se celebre el próximo mes de abril.

El ministerio público sostiene que la red estaba formada por tres grupos. Uno de ellos se encargaba de adquirir grandes cantidades de estupefacientes tanto en la península como en Bélgica, Holanda y Marruecos, además de captar clientes y correos dispuestos a transportar la droga hasta Mallorca. Una segunda organización se dedicaba a abastecer de cocaína a los vendedores, entre ellos clanes del poblado de Son Banya y pequeños traficantes que actuaban en Algaida y Pollença. El tercer grupo, afincado en Tarragona, era el encargado de recibir la droga procedente de África y Europa y organizar su trasladado hasta la isla.

Durante los meses que duró la investigación de la Policía y la Guardia Civil -entre septiembre de 2013 y junio de 2014- fueron interceptados varios envíos de droga a su llegada a Mallorca. Los agentes encontraron cinco kilos de cocaína en un doble fondo oculto tras el tubo de escape de un coche y otros dos kilos bajo los asientos traseros de otro vehículo, ambos procedentes de Barcelona. La banda disponía de un local en el polígono de Son Oms donde, con ayuda de un elevador hidráulico, pretendían extraer la droga de estos automóviles. Las pesquisas permitieron decomisar también varios envíos de hachís llevados a cabo con el mismo modus operandi o mediante empresas de paquetería. La investigación culminó en junio de 2014, cuando los dos cuerpos policiales llevaron a cabo la última fase de la operación Brasada Code, irrumpiendo en el poblado de Son Banya y practicando numerosos registros.

El fiscal considera, en su escrito de conclusiones provisionales, que los procesados cometieron delitos de integración en grupo criminal y contra la salud pública, concurriendo en seis de ellos la agravante de reincidencia. Por ellos reclama condenas que suman 265 años de prisión y multas millonarias para los 31 acusados. Los cabecillas se enfrentan a penas de entre 7 y 16 años de cárcel, mientras los que a juicio del fiscal jugaban un papel secundario afrontan condenas de entre tres y siete años.