La Audiencia Provincial ha alertado de las amenazas que estarían recibiendo algunos testigos en la investigación sobre la mafia laboral. El juez instructor cuenta con varios testimonios que describen presiones y coacciones para evitar que relaten los abusos laborales a los que, de acuerdo con las pesquisas, eran sometidos. El tribunal de la sección segunda se basa en estas coacciones, que a su juicio "hacen peligrar el progreso" de las pesquisas, para ratificar el encarcelamiento preventivo de los cabecillas junto con el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas.
Estas supuestas amenazas chocan con las denuncias presentadas anteayer por siete trabajadores de uno de los empresarios encarcelados contra los investigadores de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental (UCRIF), encargados de las pesquisas. En ellas aseguran que han sido intimidados y coaccionados por los agentes para que incriminen a sus jefes, como adelantó ayer en exclusiva DIARIO de MALLORCA. Uno de los denunciantes sostiene que uno de los policías lo ha abordado tres veces en las últimas semanas para "asustarle y amedrentarle a fin de obtener información que perjudique a su jefe". Según su versión, el agente le dijo que se "encargaría de él personalmente" si no colaboraba y le reprendió por estar recabando firmas de apoyo al sospechoso.
Las siete denuncias van acompañadas de las firmas de 37 trabajadores y extrabajadores en un escrito que pretende exculpar al mismo empresario encarcelado. En el documento, cada uno de ellos certifica "que en ningún momento ha sido coaccionado por parte de la empresa, ni sometido a ninguna clase de abuso ni explotación laboral [...], sino que ha desempeñado en todo momento las funciones propias de su puesto de trabajo, realizando la jornada pactada en el contrato laboral firmado por ambas partes en su día, no sintiéndose en ningún momento obligado a realizar ningún tipo de acción ni trabajo distinto al pactado en el contrato". Fuentes próximas a los empresarios investigados anunciaron que en los próximas días se presentarán nuevas denuncias de trabajadores por haber recibido presiones policiales.
Los investigadores, por su parte, rechazan rotundamente estas acusaciones y niegan haberse extralimitado para lograr testimonios incriminatorios contra los acusados. De hecho, consideran que estas denuncias y la recogida de firmas forman parte de una serie de maniobras de los empresarios investigados encaminadas a dinamitar la investigación y desacreditar la labor policial, aprovechando que muchas de las víctimas ven peligrar su puesto de trabajo por las gravísimas acusaciones que pesan sobre sus jefes y la clausura de los establecimientos. Además, las mismas fuentes apuntan que las pruebas documentales recabadas sobre los abusos laborales son claras y contundentes y que existen numerosos testimonios que relatan las condiciones de semiesclavitud a las que los acusados sometían a sus empleados.
Tanto el juzgado de instrucción número 1 de Palma como la UCRIF de la Policía Nacional siguen llevando a cabo diligencias sobre las actividades, calificadas por los investigadores de mafiosas, de la trama. Continúan analizando la abundante cantidad de documentación intervenida y tratando de aclarar hasta dónde llegaba el entramado. Uno de los puntos que están siendo investigados son los supuestos chivatazos que, como han reconocido algunos testigos, recibían los empresarios antes de ser sometidos a inspecciones. En este sentido, se han detectado vínculos entre los principales acusados -los hermanos Juan Antonio y Jerónimo S.G.-, y el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local, Gabriel Torres, actualmente encarcelado por la trama de corrupción en el cuerpo policial. Los tres fueron socios durante cuatro años en una de las empresas que están siendo ahora investigadas.
