La Policía Nacional está investigando quién alertaba a la red de empresarios acusados de explotación laboral de que sus locales iban a ser inspeccionados, como han admitido varios implicados. Los agentes han constatado cómo durante varios años las sanciones administrativas por irregularidades cesaron casi por completo e intentan aclarar de qué organismo partían las filtraciones. El juez que instruye el caso ordenó hace unos días el precinto de otros once establecimientos -nueve en Palma y dos en Valldemossa- vinculados con la trama, por la que se ha detenido hasta ahora a 18 personas.
La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) cuenta con varias declaraciones de personas vinculadas a la red que relatan los chivatazos. Los investigadores analizan ahora los vínculos de los empresarios sospechosos. Entre ellos figura el exoficial de la Patrulla Verde Gabriel Torres, en prisión preventiva por su implicación en la trama corrupta de la Policía Local de Palma. Torres fue consejero entre los años 1994 y 1998 de una de las primeras sociedades de los dos hermanos Juan Antonio y Jerónimo S.G., a los que la Policía considera líderes de la mafia laboral. Su cese en el negocio -un conocido local de copas de sa Llonja- coincidió con su entrada en el cuerpo, precisamente en la Patrulla Verde, el grupo encargado del control de este tipo de establecimientos.
Los investigadores, sin embargo, extienden sus pesquisas al resto de instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación laboral y fiscal. Según sospechan, los empresarios habrían recibido filtraciones para evitar que se detectaran las irregularidades cometidas, desveladas ahora tras la investigación de la UCRIF.
Los dueños de los negocios investigados habían sido sancionados en varias ocasiones por no cumplir con los pagos a la Seguridad Social o tener trabajadores en condiciones irregulares, por las que les impusieron fuertes multas. La Policía ha descubierto que entre los años 2011 y 2015 se frenó en seco la imposición de sanciones, lo que afianza la hipótesis de que durante ese periodo recibían chivatazos.
La Policía estima que en el entramado mafioso podrían haber participado unas 200 personas y que el número de afectados ronda los 1.300. La red habría actuado durante años y según las pesquisas las irregularidades no solo afectaban a las condiciones laborales de los trabajadores, a los que presuntamente sometían a jornadas maratonianas por sueldos irrisorios y bajo amenazas. La Policía ha detectado también un importante fraude económico tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria que según la investigación podría superar el millón de euros. Además, se descubrieron importantes deficiencias en el almacenamiento de los alimentos que se servían en los bares y restaurantes de los acusados.
Hasta el momento, la investigación se ha saldado con la detención de 18 personas, seis de las cuales permanecen en prisión, y la clausura de 33 establecimientos.
