Explotación laboral

El fiscal pedirá el cierre de 30 locales de la 'mafia laboral' por fraude masivo

La Policía ha detenido a 14 personas e investiga a una por delitos contra los derechos de los trabajadores y defraudar a la Seguridad Social y a Hacienda

17.12.2015 | 09:15
Entrada de un establecimiento de la travesía de Ballester de Palma inspeccionado ayer por la Policía.

El fiscal estudia pedir la clausura de una treintena de locales investigados de una trama por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y un fraude generalizado a la Hacienda pública y a la Seguridad Social. La Policía Nacional ha detenido a 14 personas y uno de ellos está investigado por su supuesta relación con la denominada "mafia laboral".

La operación se inició a raíz de las investigaciones de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía, en estrecha colaboración con la Inspección de Trabajo, tras recibir numerosas denuncias de trabajadores por presunta explotación laboral. El número de afectados se estima que podría alcanzar las 1.200 personas.

Las pesquisas practicadas durante el registro de la treintena de establecimientos implicados en esta trama desvelan que entre el 30 y el 40% de su facturación lo defraudaban a la Seguridad Social y a Hacienda. El montante defraudado a las arcas públicas podría alcanzar el millón de euros.

Este entramado poseía una serie de establecimientos en lugares muy céntricos. Así, uno de estos restaurantes estaba ubicado en la calle Palau Reial, unos cinco en la Plaza Major, en las inmediaciones de sa Llonja o en la calle Sant Miquel de Palma.

En cualquier caso, Juan S.G., considerado el cabecilla de esta red, distaba de ser un desconocido por sus continuas irregularidades en los establecimientos que regentaba, a través de una red de encargados. Estos últimos se ocupaban de aplicar a rajatabla las directrices de explotación de su plantilla que marcaba el líder.

El 'cerebro' de este entramado ya fue sancionado por la Delegación del Gobierno en Balears en el año 2011 por una infracción muy grave. Por este motivo, Juan S.G. tuvo que abonar una multa de 10.001 euros.

Durante los años 2010 y 2011 le fueron efectuados tres embargos a instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social. Durante el primer de estos años tuvo que hacer frente a cuatro multas de 4.222,64, 4.224, 76, 5.383,21 y 5.630,74 euros. Mientras que en el segundo de los años fue sancionado con otras tantas multas de 1.272,19, 2.586,74, 283,09 y 751,20 euros. También se le ha notificado la obligación de efectuar dos pagos de 626 euros por dichas irregularidades.

En un principio, los establecimientos de la denominada por los investigadores como "mafia laboral" se nutría de inmigrantes que se encontraban residiendo en situación irregular. Al menos hasta el año 2011, la red se encargó de contratar a trabajadores 'sin papeles'.

A medida que la presión policial se fue estrechando en torno a este entramado, la red dejó de contratar a 'sin papeles'. En su lugar se dedicó a contratar a personas, foráneos y nacidos en España, que se encontraran en situación irregular. No obstante, sus contratos eran por pocas horas y les obligaban a trabajar el doble. Sus jornadas llegaban a alcanzar las 70 horas semanales y solo cotizaban a la Seguridad Social por la mitad del tiempo trabajado.

Empleados atemorizados

Uno de los principales problemas con los que se toparon los investigadores para escudriñar el fraude en estos establecimientos era el miedo generalizado entre su plantilla. De hecho, uno de los empleados aseguró que el propietario había contratado un matón para que le pegara una paliza en cuanto anunció su intención de denunciar la supuesta explotación a la que estaba sometido. Investigadores del Grupo de Homicidios colaboran con la UCRIF para determinar con exactitud cómo se produjo esta agresión.

La investigación policial y de inspección de Trabajo concluyó ayer con la actuación en un establecimiento de este entramado situado frente a los juzgados de sa Gerreria. Al menos una decena de detenidos está previsto que sean puestos en la mañana de hoy a disposición judicial. Si el juez ordena la clausura de los establecimientos, como solicita el fiscal, el golpe a esta red podría ser definitivo.

La Policía informó ayer de que el Hotel Cort, cuya foto difundió por error, no tenía ninguna vinculación con esta trama.

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