El juez Manuel Penalva ha decretado el ingreso en prisión del jefe de la Patrulla Verde y de un sindicalista tras tomarles declaración a lo largo de la mañana y a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Con esto ya son nueve los agentes de la Policía Local de Palma que están en prisión preventiva en el marco de este sumario.
Los dos policías detenidos son Feliciano Franco, uno de los máximos responsables de la Patrulla Verde, y Jaime Garau, portavoz del sindicato CSIF de la Policia Local. El primero está acusado de extorsionar a pequeños empresarios de ocio de la ciudad y el segundo de dedicar amenazas a policías que han declarado como testigos y han detallado aspectos de la trama corrupta. La detención la ha practicado el grupo de Blanqueo de Dinero de la Policía por orden del juez Penalva y a instancias del fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.
Fuentes próximas al caso señalaron que los hechos que han llevado a esta medida no tienen relación entre ellos. Al integrante de la Patrulla Verde se le acusa, junto a un grupo de compañeros de la misma unidad, de amenazar y extorsionar a propietarios de bares para evitar inspecciones. En cambio, a Garau, que ya estaba imputado, se le acusa únicamente de amenazar a otros compañeros, advirtiéndoles que fueran con cuidado con lo que relataran. También está acusado de proteger a policías implicados en la trama. Varios de los agentes que revelaron la trama corrupta se han sentido directamente amenazados por él.
Fuentes jurídicas han precisado que el agente de la Patrulla Verde está imputado por, entre otros presuntos delitos, uso de información privilegiada, extorsión, amenazas, coacciones, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, falsedad, negociaciones prohibidas y cohecho. Al otro policía imputado se le atribuye obstrucción a la justicia.
Con los encarcelamientos dictados hoy por el juez Penalva ascienden a diez los agentes de la Policía Local presos en Palma por su presunta participación en la trama de corrupción.
Poco antes de que el juez enviase a la prisión a los dos nuevos agentes imputados el Ayuntamiento de Palma ha asegurado que está adoptando medidas internas en la Policía Local para combatir la corrupción.
En un comunicado, la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, ha expresado su respeto por "la presunción de inocencia de ambos agentes" y ha señalado que espera "a comunicación oficial del juzgado para tomar las decisiones oportunas".
"Se están tomando las medidas oportunas para evitar malas prácticas en la Policía Local", ha insistido Pastor, que ha precisado que en la Patrulla Verde se han modificado protocolos de actuación tras detectarse deficiencias en los documentos que se tramitaban, que ahora serán supervisados siempre por un mando.
En este caso se investigan los presuntos delitos de uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, extorsión, amenazas, coacciones, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, agresión sexual, falsedad, negociaciones prohibidas, cohecho, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia y encubrimiento.
El juez cree que los agentes involucrados actúan "como una auténtica organización criminal", extorsionando y coaccionando a empresarios de ocio, y protegidos "por mandos policiales y ciertos cargos políticos", según detalló en el auto en el que ordenó el ingreso en prisión de cinco de los policías detenidos en octubre.
A juicio del magistrado, existen muy serios indicios de que la trama investigada actúa por intereses particulares y con impunidad desde hace muchos años.
La Fiscalía Anticorrupción cree que agentes de las unidades policiales Patrulla Verde y Grupo de Acción Preventiva (GAP) dieron trato de favor a algunos empresarios de ocio de zonas como la plaza Gomila, el Paseo Marítimo y la Playa de Palma, mientras extorsionaban, coaccionaban y amenazaban a otros.
El juez considera a los agentes investigados "maestros y paradigma del engaño, la manipulación, la mentira y la ocultación y alteración de pruebas", que mediante un "uso torticero y arbitrario del poder", coaccionaron e intimidaron a empresarios de ocio en beneficio propio.
Según varios testigos que han declarado en la causa, los agentes obtuvieron durante años pagos semanales en efectivo de hasta 500 euros, hicieron negocios con los locales y se beneficiaron de prebendas como sexo en clubes de alterne, comida y alcohol gratis.
Los que no accedían a sus exigencias fueron sometidos a una constante presión policial injustificada, con numerosas inspecciones y apertura de actas sin motivo.
El juez investiga también la connivencia con empleados públicos del Ayuntamiento que habrían cobrado para retirar precintos policiales y conseguir licencias de actividades para locales de ocio.
Además investiga la presunta filtración de los exámenes de una oposición a oficial de la Policía celebrada en mayo de 2012, de la que se habrían beneficiado tres agentes que ascendieron en una maniobra realizada para perpetuar en el tiempo de la trama delictiva.
