La fiscalía solicita una condena de un año y medio de cárcel para un soldado acusado de robar cable de cobre en la base militar Jaume II, en Palma. El recluta y un compinche, que se enfrenta a la misma petición de pena, habrían sustraído 500 metros de cableado aéreo para vender después el metal al peso. Tanto el ministerio público como la abogacía del Estado solicitan además que ambos procesados indemnicen al ministerio de Defensa con casi 15.000 euros por el coste de la reparación de los daños que causaron en la instalación eléctrica.
El hurto provocó también una interrupción del suministro en algunas dependencias del cuartel militar. El soldado fue expulsado del Ejército en cuanto se descubrió su implicación en los hechos. El juicio por el robo debía celebrarse hace unas semanas en un juzgado de lo penal de Palma, pero fue suspendido.
Los hechos ocurrieron en el acuartelamiento Jaume II, antiguamente conocido como base General Asensio, en el camino del Coll de la Creu, en Palma. De acuerdo con el relato de las acusaciones, uno de los soldados destinados allí ideó un plan para sustraer una considerable cantidad de cableado eléctrico con el que lucrarse vendiéndolo en de forma clandestina. El militar contó con la colaboración de otro persona para llevar a cabo el robo.
Así, ambos arrancaron 500 metros de cable de las instalaciones militares, provocando cuantiosos desperfectos y una costosa avería en el sistema eléctrico del acuartelamiento, que tuvo que ser reparada por el ministerio de Defensa. La investigación sobre este robo acabó con la imputación de dos hombres, uno de ellos un recluta que vivía y trabajaba en el acuartelamiento.
La fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de hurto, por el que reclama 18 meses de prisión para cada uno de los procesados. En la causa está personada también la Abogacía del Estado, que reclama que los dos sospechosos indemnicen con un total de 14.939 euros al ministerio de Defensa por los gastos que asumió para reparar los daños provocados al arrancar el cableado de cobre.
El soldado acusado ya no trabaja para el Ejército, puesto que fue expulsado del cuerpo tras revelarse su implicación en el robo. Un juzgado de lo penal de Palma será el encargado de enjuiciar los hechos. La vista estaba prevista para hace dos semanas, pero tuvo que ser suspendida porque uno de los letrados no pudo asistir y la magistrada se vio obligada a fijar una nueva fecha.
