Diez acusados, ocho hombres y dos mujeres, confesaron ayer en un juzgado penal de Palma haber cometido un fraude fiscal por un montante de casi 1,7 millones de euros con facturas falsas para lograr pagar menos en impuestos en los ejercicios de 2004, 2005 y 2007. Los sospechosos son pequeños empresarios y autónomos dedicados al sector de la construcción y a la reforma de inmuebles que figuraban como administradores o apoderados de sociedades que confeccionaban facturas por trabajos inexistentes para así conseguir una disminución de la deuda tributaria y reducir sus obligaciones con el fisco. Entre los encausados también se encuentra un asesor fiscal, quien aconsejaba al resto de implicados a la hora de presentar la declaración por los impuestos de sociedades o del IVA y también ponía en contacto a unos y otros.

Ayer por la mañana, seis de los diez imputados admitieron los hechos y se declararon autores de cinco delitos contra la hacienda pública en concurso con otros cinco delitos de falsedad en documento mercantil. El resto confesó ser culpable de uno o dos hechos delictivos.

Tanto el fiscal como la abogada del Estado, que ejerce la acusación particular, alcanzaron un acuerdo previo con los letrados defensores que implica penas de no cumplimiento en prisión para los sospechosos. Por ello, todos admitieron los cargos en la vista oral.

Hoy está previsto que el juicio continúe con la declaración de un perito de Hacienda para que ratifique su informe. Después, la fiscalía y la acusación particular previsiblemente modificarán sus conclusiones y rebajarán sus peticiones de pena. Por cada delito fiscal, podrían solicitar una condena de seis meses y quince días de cárcel. Así, los principales sospechosos cumplirían el triple de la pena mayor, que sería poco más de un año y medio de prisión.

Por su parte, a otro sospechoso se le sustituiría la condena por trabajos en beneficio de la comunidad. Mientras, otro imputado ayer resultó absuelto después de que el ministerio público y la abogada del Estado retiraran los cargos contra él. Se trata de una rebaja sustancial de las penas, ya que los principales encausados se enfrentaban a 15 años de cárcel, tres años por cada delito. Además, los sospechosos tendrán que pagar una multa millonaria, no podrán obtener subvenciones públicas ni gozarán de incentivos fiscales durante varios años y se les prohibirá volver a ser administradores de empresas o asesor fiscal durante el periodo de la condena. Los cabecillas del entramado defraudaron 1.674.000 euros con el impuesto de sociedades y el IVA.