La Policía Nacional ha detenido a ocho miembros de un grupo dedicado a trasladar a Mallorca a ciudadanos nicaragüenses que hipotecaban sus bienes con intereses abusivos y que una vez en la isla eran explotados laboralmente, una práctica de la que han sido víctimas al menos 30 personas.

Según ha informado hoy la Jefatura Superior de Baleares, los detenidos son también nicaragüenses radicados en Manacor a quienes se acusa de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Las pesquisas se iniciaron al apreciar la Policía de Manacor un notable aumento de nacionales de Nicaragua que se instalaban en la ciudad, lo que despertó las sospechas de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de Palma.

Los investigadores confirmaron la existencia de una banda que captaba en el país centroamericano a personas de pocos recursos con deseos de emigrar para mejorar su situación, para lo cual se prestaban a hipotecar sus bienes y firmar un poder notarial que ponían en manos del cabecilla de la organización.

Las víctimas, procedentes principalmente de Boaco y Managua, eran asesoradas sobre la compra de billetes hasta Mallorca con escalas en Panamá, México, Francia y Barcelona, títulos de viaje que adquirían siempre en la misma agencia de viajes de su país.

Miembros de la banda les hacían reservas de hotel, que en algunos casos se anulaban, les indicaban cómo actuar en las fronteras y les prestaban dinero para simular que eran turistas con destino a Mallorca, fondos que devolvía inmediatamente a su llegada a la isla.

Una vez en Mallorca, la organización alojaba a los inmigrantes irregulares en domicilios propios y luego los reubicaban en otras viviendas y los ponían a trabajar sin permisos de residencia ni contratos, generalmente como empleados domésticos.

La elevada deuda que adquirían por su viaje se gravaba con intereses que alcanzaban el 36%, imposibles de pagar para muchas de las víctimas, por lo que los cabecillas ejecutaban las hipotecas recogidas en los poderes notariales a su cargo y se quedaban con las propiedades puestas como garantía.

Tres de los ocho detenidos han ingresado en prisión provisional, ha informado la Policía, que continúa las pesquisas por si hubiera más implicados en la trama y víctimas.