Tribunales

Acusan a una pareja de saquear un millón de euros de un anciano moribundo

El hombre, un médico militar que falleció con 89 años, les otorgó un poder que utilizaron para vaciar sus cuentas bancarias y vender un piso

16.09.2015 | 01:01
Finca de la calle Costa de ses Germanetes donde el anciano tenía un piso que se quedó la pareja.

La Audiencia Provincial juzgará este mes a una pareja por haber saqueado más de un millón de euros de un anciano moribundo en Palma. Ambos habrían utilizado un poder general otorgado por el hombre, un médico militar fallecido a los 89 años, para vaciar sus cuentas bancarias y vender un piso. Una prima del anciano, declarada judicialmente heredera de su patrimonio, sostiene que le engañaron y aprovecharon su delicado estado de salud para hacerse con sus bienes antes y después de su muerte. A través de su abogado, Carlos Barceló, reclama penas de nueve años de cárcel para cada acusado por delitos de estafa y falsedad en documento oficial y que la indemnicen con 1.168.314 euros. La fiscalía no imputa ningún delito a los sospechosos.

El anciano, riojano de nacimiento pero afincado durante décadas en Mallorca, murió el 5 de mayo de 2006 en un hospital de Palma. Era soltero, no tenía hijos ni familiares en la isla y no había hecho testamento. Tras su fallecimiento, cuatro primas carnales suyas residentes en la península solicitaron ser declaradas herederas de sus bienes y un juzgado de la ciudad se lo concedió. Cuando comenzaron a recabar información sobre el patrimonio que dejó el hombre, descubrieron que no quedaba nada. Todos los bienes habían pasado a manos de otro médico con el que había trabajado en el Hospital Militar de Palma y la pareja de este.

Urdieron un plan

Los familiares del anciano sostienen que consiguieron hacerse con toda la herencia mediante engaños y fraudes. Según su versión, cuando supieron que el hombre había ingresado en un hospital y que su estado de salud era muy delicado, urdieron un plan. Así, supuestamente le convencieron para que otorgara un poder general a favor de la mujer, permitiéndole así administrar todos sus bienes. Siempre de acuerdo con el relato de la acusación particular, la pareja inició entonces una investigación para averiguar todas los bienes del anciano y, "haciendo un uso indebido del poder concedido, los saquearon". La semana anterior a la muerte del hombre, la acusada realizó varias operaciones, como ventas de acciones, emisiones de cheques bancarios y disposiciones anticipadas de depósitos para apoderarse de 594.438 euros en dos entidades financieras. El mismo día del fallecimiento del anciano se realizaron dos transferencias de 300.000 y 214.000 euros de las cuentas del hombre a las de la pareja. De esta manera, lograron hacerse con 900.314 euros.

Los acusados utilizaron también el poder general para hacerse con un piso de 132 metros cuadrados situado en la calle Costa de ses Germanetes, propiedad del anciano. Con este documento, la mujer vendió el inmueble a su compañero sentimental. En la escritura pública figura un pago de 160.000 euros por la operación, aunque según la acusación no se abonó ninguna cantidad. Tres años después, vendieron el piso por 268.000 euros.

El abogado de la acusación particular argumenta en su escrito que todas estas operaciones respondían a una "estratagema urdida meticulosamente" para apoderarse de los bienes del hombre y califica su actuación de "expoliación". El letrado considera que estos hechos constituyen un delito de estafa y otro de falsedad en documento oficial, cometidos por los dos acusados. Por ello, solicita para ellos sendas penas de nueve años de cárcel y que indemnicen con 1.168.314,04 euros a la prima del fallecido por los bienes que le correspondían como herencia y de los que no ha podido disponer.

La defensa de los dos acusados alega que todas las operaciones fueron legales al ser realizadas mediante el poder general otorgado por el anciano y reclama la libre absolución. También la fiscalía considera que los hechos no constituyen delito alguno y no ha presentado cargos.

Está previsto que el juicio por estos hechos se celebre el próximo día 29 en la Audiencia Provincial de Palma.

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