Un juzgado de menores de Palma ha condenado a una adolescente de 17 años que lideraba una banda de ladrones de joyerías en la comarca del Raiguer. La menor actuaba junto a dos niños de 13, inimputables por su corta edad, y una joven de 18. El grupo desvalijó dos comercios de Inca y sa Pobla, donde sustrajeron alhajas valoradas en 17.000 euros. La adolescente estaba fugada de un centro de internamiento cuando cometió los robos.
La sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial, detalla que los hechos ocurrieron a finales de 2012. El 26 de noviembre, el grupo entró en una joyería situada en la calle Lluc de sa Pobla y, en un descuido de la propietaria, se apoderaron de dos mantas en las que se guardan las alhajas. Lograron llevarse numerosas cadenas y pulseras de oro que la víctima valoró en más de 13.000 euros.
Tres días después, en la tarde del 29 de noviembre, la banda se dirigió a un comercio en la calle Estrella de Inca. Con el mismo método, consiguieron hacerse con tres cadenas de oro cuyo valor rondaba los 4.000 euros.
Tras recibir las denuncias de las dos víctimas, en las que relataban cómo dos niños de corta edad las habían despistado para que las dos chicas que iban con ellos se apoderaran de las joyas, la Guardia Civil del puesto de Inca puso en marcha una investigación que culminó esa misma semana con la detención de los sospechosos. El grupo estaba liderado por la adolescente de 17 años, que según las pesquisas aprovechó un permiso en el centro de internamiento donde estaba recluida para desplazarse a Inca. Allí se reunió con dos niños de 13 años a los que conocía, que fueron entregados por la Guardia Civil a sus padres al ser inimputables, y con una joven de 18 años, también arrestada por su participación en los robos. Los investigadores solo pudieron recuperar una parte del botín.
La menor fue condenada por un juzgado de menores de Palma como autora de un delito continuado de hurto. El magistrado le impuso la medida de diez meses de convivencia con grupo educativo. La sentencia consideró a los padres de la adolescente y al Govern responsables civiles de los robos, ya que estaba bajo la tutela de la institución cuando los cometió. Por ello, el juez les ordenó que indemnizaran a las víctimas con 13.000 y 4.000 euros por las joyas que no se recuperaron.
El Govern recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial para eludir el pago de la indemnización a una de las perjudicadas. El tribunal le ha dado ahora la razón, al considerar que esta comerciante no acreditó debidamente que las joyas por las que reclamaba fueran realmente suyas.
La sentencia del tribunal de la sección segunda explica que la víctima solo aportó como prueba un documento en el que figuraba una relación de las joyas por las que reclamaba a modo de factura. Sin embargo, no constaba quién lo había emitido, por lo que no queda acreditado a juicio de la Audiencia que realmente tuviera las alhajas por las que pedía ser indemnizada.
