La fiscalía solicita penas que suman 68 años y medio de cárcel para 13 presuntos miembros de una red de narcotraficantes que operaban en s'Arenal de Llucmajor y Son Gotleu. Los sospechosos distribuían heroína, cocaína, hachís y marihuana y uno de sus puntos de venta era el centro penitenciario, donde introducían las drogas aprovechando visitas a familiares. Uno de los procesados está acusado además de propinar una patada en la cara a un agente de la Guardia Civil durante el registro de su domicilio.
La organización estaba dividida en dos ramas, según el escrito de conclusiones de la fiscalía. Uno de los grupos utilizaba a principios de 2013 un domicilio de la calle Torrent, en s'Arenal, para distribuir los estupefacientes. Las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil constataron que los cinco encargados de este punto de venta utilizaban a la hija de uno de ellos, una adolescente de 14 años, para transportar la droga y captar posibles compradores. La menor también ayudaba a otra de las sospechosas a esconderse en el cuerpo sustancias que luego introducía en la cárcel de Palma aprovechando visitas a un familiar. Esta mujer fue sorprendida con dos barritas de hachís cuando acudía a un vis a vis.
Los investigadores allanaron esta vivienda y otro domicilio de la calle Milán el 13 de junio de 2013 y encontraron diversas cantidades de cocaína, y hachís, así como una plantación de marihuana. Durante la inspección, una de las moradoras propinó una patada en la cara al guardia civil que la custodiaba, que sufrió una contusión en el labio inferior y tardó una semana en recuperarse.
Estos acusados adquirían la droga a la otra rama de la organización, formada por ciudadanos nigerianos afincados en Son Gotleu. Eran estos quienes se encargaban de introducir en Mallorca importantes partidas de cocaína y heroína utilizando correos humanos para luego distribuirlas tanto a intermediarios como directamente a los consumidores. Esta banda utilizaba varios domicilios de la barriada de Son Gotleu como punto de venta de los estupefacientes. Los inmuebles fueron allanados el 1 de agosto de 2013 y los investigadores encontraron cocaína, sustancias de corte, marihuana, dinero en efectivo y varios teléfonos móviles. La mayoría de los sospechosos ingresaron en prisión preventiva por orden judicial tras su detención.
La fiscalía considera que estos hechos constituyen diversos delitos contra la salud pública con la agravante de utilización de menor. Por ellos, el ministerio público solicita penas que oscilan entre los ocho y los dos años y medio de cárcel, además del pago de multas de hasta 43.000 euros para los procesados.
La petición de pena más elevada es para la mujer acusada de atacar a un guardia civil durante el registro de su domicilio. El fiscal reclama para ella siete años de cárcel por tráfico de drogas y otro por un delito de atentado. Además, le imputa una falta de lesiones por la que solicita que pague una multa de 600 euros y que indemnice al agente con 210 euros por las heridas que le causó.
Está previsto que el juicio por estos hechos se celebre en las próximas semanas en la Audiencia Provincial de Palma.
