La Audiencia de Palma ha devuelto el caso de las torturas policiales, en el que dos oficiales y dos agentes de la Policía Local de la ciudad fueron condenados por un delito contra la integridad moral por torturar a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran, al juzgado de instrucción para que decida si levanta el sobreseimiento acordado respecto de un quinto policía presuntamente implicado en los hechos, ya que aparece en el vídeo que fue grabado por la cámara de seguridad en las dependencias policiales. Los fiscales anticorrupción de Balears Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán pidieron al tribunal que se le dedujera testimonio a este agente y que volviera a ser investigado por estos hechos. Por ello, solicitaron que se alzara el archivo.
La sala ha resuelto que se comunique la sentencia, así como la grabación del juicio, al juzgado instructor para que el magistrado decida si investiga e imputa a este quinto implicado. En un auto aclaratorio, la sección segunda también añade en los hechos probados que el principal acusado pagó 480 euros para reparar las lesiones físicas y no el daño moral de la víctima. Pese a que pidió perdón, no colaboró ni respondió al fiscal.
