"Tres grupos de élite que así se llaman ellos, los UII, el GAP y la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma intervinieron en un accidente con un conductor ebrio. Luego, llevaron al detenido al cuartel de San Fernando, el lugar que tendría que ser el más seguro del mundo. Y ahí empieza una película de terror donde se humilla al arrestado, se le pega, se le veja, se le patea, se le maniata a una silla estando ebrio, se le dan ganchos sin que pueda defenderse. Y nadie hace nada. A mí se me hiela la sangre al ver esa parsimonia, esa tranquilidad de los agentes que no intervienen. En el vídeo los hechos son claros, pero la película no está completa. No son solo cuatro policías: todos los que bajaron al calabozo y se fueron. San Fernando tiene que tomar cartas. ¿Es que esto pasa a menudo? La víctima fue presa fácil y eso me alarma, me alarma. Quiero hacer una llamada de atención a todo el acuartelamiento de San Fernando. Hay que denunciar, empezando por los sindicatos. Si alguien calla es un encubridor, actúa contrariamente a la Constitución. Eso no es compañerismo, es corporativismo". El fiscal anticorrupción de Balears, Miguel Ángel Subirán, estalló ayer en sus informes en la segunda sesión del juicio contra cuatro policías locales de Palma acusados de torturas a un detenido en los calabozos del cuartel de San Fernando en la madrugada del 26 de mayo de 2011, unos hechos que fueron filmados por una cámara de vigilancia.

Subirán acusó a Cort, a los sindicatos policiales y a los responsables políticos y de la Policía Local de proteger a los imputados. "Los sindicatos tendrían que haber hecho algo. Haber puesto en conocimiento los hechos. Ellos participaron en el sentido de ocultar lo ocurrido", denunció el fiscal. "En el Ayuntamiento los acusados han recibido una protección especialísima con eso de que solo se les puede suspender seis meses", destacó, a la vez que arremetió contra los políticos que anunciaron que iban a lavar la cara de la Policía Local de la ciudad.

Contra la cúpula policial

"Aquí todos escurren el bulto", se quejó el fiscal anticorrupción. También criticó a los sucesivos jefes policiales. "El intendente Herrero decidió que a los 28 días el principal sospechoso podía volver a llevar detenidos. Pero, ¿es que no vio las imágenes del vídeo? ¿qué es lo que dice el sentido común? Otra vez podía ponerse a detener armado hasta los dientes. Pues, ponlo en la puerta del cuartel a estampar sellos", añadió visiblemente indignado en referencia al principal acusado, Antonio G.M., un oficial experto en artes marciales que también está imputado en el supuesto amaño de las oposiciones policiales. El fiscal también citó otros casos de corrupción policial y nombró al antiguo jefe del cuerpo Antoni Vera.

"¿Cómo es posible que esto ocurra? Tras aparecer los policías en el vídeo, ¿que sigan conduciendo detenidos, que sigan yendo armados? La filmación se ha visto en todos los telediarios. ¿Y el Ayuntamiento no puede hacer nada? Que los pongan a hacer otras funciones. ¡Parecen tropas de asalto! Yo todavía alucino", manifestó el fiscal, cada vez más contrariado, mientras reiteraba que molieron a palos a la víctima.

El ministerio público solicitó ayer que los imputados sean expulsados de por vida del cuerpo policial. "Pedimos la privación definitiva del cargo de policía local. Que no vuelvan a ponerse el uniforme porque son indignos".

Además de reprochar la conducta al principal acusado, que dio tres patadas al perjudicado, dos en la cabeza, el fiscal dijo que Carlos V.P., otro oficial, participó y colaboró, permitiendo la agresión al girar la cámara de seguridad para evitar que grabara la escena. Los otros dos agentes fueron criticados por su pasividad frente a los golpes. Finalmente, el fiscal pidió que se investigue a un quinto agente que aparece en el vídeo.