La fiscalía endurece su petición de condena para dos de los policías locales de Palma acusados de torturas a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran en mayo de 2011. El ministerio público elevará las penas para los principales sospechosos, dos oficiales, A.G.M. del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) y C.V.P. de la Unitat Nocturna, tras la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Palma en la que salió a la luz pública un vídeo que recoge la paliza propinada por parte de uno ellos a un joven arrestado que estaba esposado a una silla fijada en el suelo.
El fiscal aumentará de cuatro a cinco años de prisión su solicitud de condena para el policía local que pegó dos patadas en la cabeza a la víctima, además de darle otro golpe en las piernas, al considerarle autor de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. También incrementará de uno a dos años de cárcel su petición para el oficial que giró la cámara de videovigilancia situada en el techo en la sala de detenidos para evitar que siguiera grabando la agresión al imputarle el delito contra la integridad moral como cooperador necesario. De forma alternativa, la acusación mantendría el año de prisión inicial por comisión por omisión, es decir, por adoptar una actitud pasiva frente a las torturas y no haber hecho nada por evitarlas.
Este segundo encausado, el oficial C.V.P., se encuentra imputado en la mafia motera de Los Ángeles del Infierno que investiga la Audiencia Nacional en Madrid y también está implicado en la trama de presunta corrupción policial en s'Arenal, que sigue bajo secreto la mayor parte del procedimiento en el juzgado de instrucción número 12 de Palma.
Por su parte, el principal sospechoso, el oficial A.G.M., que confesó el martes ante el tribunal de la sección segunda que lanzó dos patadas a la cabeza a la víctima al "perder los nervios", también está siendo investigado por el juzgado de instrucción 12 de la ciudad por el supuesto amaño en las oposiciones de policía. Además, el hombre, de 41 años y experto en artes marciales, actualmente está en activo como oficial en la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) de la Policía Local de Palma.
El resto de imputados, dos agentes que se hallaban en la sala de detenidos en el momento de la agresión el pasado 26 de mayo de 2011, a las doce y veinte minutos de la noche, siguen acusados omisión, por no impedir los hechos. El fiscal anunció que iba a mantener los cargos contra ellos y su petición de pena de un año de cárcel y otros dos de inhabilitación. Pero, de forma subsidiaria, el ministerio público les acusa de omisión del deber de perseguir delitos por lo que pide solo su inhabilitación durante dos años. A todos ellos, hay que sumar un quinto implicado, otro policía local, para quien la fiscalía pidió que se le deduzca testimonio y que se le investigue por su participación en la agresión al arrestado.
De los cuatro agentes que el pasado martes fueron juzgados, tres de ellos siguen trabajando en activo en el cuerpo de la Policía Local de Palma. El oficial C.V.P. está suspendido de empleo y sueldo en la actualidad, tras su tercera imputación. Debido a la investigación interna que se inició en 2011, dos oficiales y un agente fueron suspendidos de empleo y sueldo durante seis meses.
