La Policía ha detenido en Mallorca a tres pakistaníes, dueños de restaurantes de kebabs, por vender contratos de trabajo falsos para que los compradores lograran prestaciones por desempleo y permisos de residencia. La red llegó a tener dados de alta a 66 supuestos empleados, pese al reducido tamaño de los establecimientos, situados en Palma, Inca y Calvià. La operación contra este entremado se ha saldado con el arresto de doce personas en varios puntos de la isla por un fraude a la Seguridad Social que roza los 100.000 euros.

Las pesquisas, bautizadas como ´Operación Kurri´, dirigidas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Policía y en las que ha participado la Inspección de Trabajo, comenzaron hace unos meses. La investigación se centró en tres empresarios autónomos de nacionalidad pakistaní que regentaban varios restaurantes de kebabs.

Los agentes sospechaban de la gran cantidad de empleados que figuraban en estos locales de Palma, Inca y Calvià, donde figuraban hasta 66 trabajadores. Un volumen que parecía no corresponder con la actividad real de los restaurantes ni su pequeño tamaño.

Las gestiones llevadas a cabo por los investigadores revelaron que los dueños de los establecimientos habían formado un entramado para simular contrataciones de falsos trabajadores. Los sospechosos supuestamente vendían los documentos y daban de alta como empleados a los compradores, que en realidad no realizaban ninguna actividad en las empresas.

Las dos partes obtenían beneficios. Los empresarios cobraban importantes cantidades de dinero por los contratos fraudulentos y quienes adquirían los documentos eran dados de alta en la Seguridad Social y podían beneficiarse así de prestaciones por desempleo o solicitar permisos de residencia y trabajo y regularizar de esta manera si situación legal en España.

Los agentes encargados del caso han detenido en los últimos días a doce personas por su presunta implicación en la trama. Además de los tres empresarios, han sido arrestadas nueve personas -entre las que hay españoles, argelinos, indios y marroquíes- por haber comprado los contratos fraudulentos, según informó ayer la Policía.

Los sospechosos están acusados de delitos de falsedad documental, estafa y delito contra la Seguridad Social. La deuda acumulada con este organismo a consecuencia de las irregularidades descubiertas asciende a 96.487 euros. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social emitió un informe en el que, con la información recabada durante la investigación, concluía que la empresa en la que los supuestos trabajadores era ficticia, ya que no llevaba a cabo actividad alguna.