Andrés Román Galiano, conocido como el asesino de la catana de Bunyola, aceptó ayer ante el jurado popular en la Audiencia de Palma una condena de 17 años y medio de prisión por matar a puñaladas con una espada japonesa y dos cuchillos a una excompañera de trabajo, a la que culpaba de su despido laboral, en abril de 2013 en una finca de Bunyola en la que ambos trabajaban. El acusado, que está en prisión provisional desde esas fechas, confesó ser el autor del crimen y pidió perdón a la familia de la víctima, Catalina Frontera Hidalgo, de 54 años y vecina de Santa Maria.
Tras su breve declaración autoinculpatoria, apenas dos horas después el jurado popular emitió su veredicto en el que declaraba culpable por unanimidad al hombre, de 47 años, de un delito de asesinato con alevosía. Además, el tribunal popular se mostró en contra de la concesión del indulto. El sospechoso, vestido muy informal con bermudas, camiseta de manga corta y zapatillas deportivas blancas, escuchó impasible y muy tranquilo la resolución del jurado.
La fiscal, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad y secundaron un escrito común sobre los hechos ocurridos a primeras horas de la mañana del pasado 10 de abril de 2013. Andrés Román aceptó ese relato fáctico y se conformó con la pena de 17 años y seis meses de cárcel por el crimen, así como con una indemnización de 150.000 euros y otros 50.000 para el marido de la fallecida y su hija, respectivamente.
Según declaró probado el jurado, el acusado, sin antecedentes penales, desde principios de 2011 había trabajado realizando labores de jardinería y mantenimiento en la finca Ca na Paloni, ubicada en la carretera de Santa Maria a Bunyola, en la cual también vivía. La finca era propiedad de una sociedad, de la que una ciudadana extranjera era la administradora única, por lo que tenía a su cargo la contratación del personal para el mantenimiento del recinto, las tareas administrativas y la supervisión de los empleados contratados.
Despiden al jardinero
Andrés Román decidió pedir un aumento de sueldo a la administradora, quien se lo negó. A partir de entonces, se produjeron varias incidencias que acabaron con el despido del jardinero imputado a mediados de diciembre de 2012. La expulsión del trabajo a Andrés le pareció injusta y, por ello, cuando se le comunicó mantuvo una fuerte discusión con la administradora y también con la víctima, Catalina Frontera, pensando el sospechoso que Catalina tenía la culpa de todos los incidentes negativos acaecidos en las últimas semanas de su relación laboral y estando convencido de que ella era la responsable de que él se hubiera quedado sin empleo, mientras ella conservaba el suyo.
Tras el despido, el encausado no volvió a ir a la finca de Bunyola, pero pasaron varios meses y, debido a su escasa formación y su discapacidad (por la que tenía reconocido un grado de discapacidad del 37 por ciento y un grado total de minusvalía del 42%, incluyendo factores sociales complementarios), no pudo obtener otro trabajo.
Este hecho hizo que el jardinero sospechoso continuara resentido por su despido. Así, durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de abril de 2013, consumió alcohol y derivados del cannabis. Y, sobre las seis y media de la mañana, el hombre salió de su domicilio de Inca y se desplazó con su vehículo hasta la finca Ca Na Paloni, llevando consigo una catana o espada japonesa. Según el escrito de acusación, el imputado actuó movido por ánimo de venganza contra Catalina Frontera.
Escondido tras un pozo
Una vez llegó a su antiguo puesto de trabajo, Andrés Román entró en el recinto saltando una alambrada. El asesino permaneció oculto tras un pozo cercano a la puerta de entrada de la vivienda, esperando a la víctima.
Cuando la mujer llegó a la finca, Andrés la atacó por sorpresa, golpeándole en el rostro con la catana, sin que Catalina pudiera repeler la agresión. El sospechoso continuó golpeándola hasta que ella cayó, ya dentro de la casa, sobre una vasija de cerámica de grandes dimensiones. El acusado le produjo heridas en la cara, cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades superiores, tanto con la catana como con dos cuchillos que cogió de la cocina en el curso de la acción, hasta que la víctima finalmente falleció.
La fiscalía detalla que no se ha podido establecer una secuencia concreta de las agresiones y heridas producidas con las armas blancas, pero todas tienen signos vitales perimortem, es decir, que se causaron durante el fallecimiento o alrededor de la hora de la muerte.
Según el informe forense de autopsia, la causa inicial o fundamental de la muerte de la mujer fueron múltiples heridas por arma blanca; la causa intermedia, hemorragia interna y externa; y la causa inmediata, shock hipovolémico.
Por su parte, el informe forense apunta que la discapacidad que padece Andrés Román no implicaba una disminución de sus facultades intelectivas y volitivas que supusiera una incapacidad para comprender la ilicitud de los hechos o para conducirse conforme a esa comprensión.
En el momento del crimen, la víctima estaba casada y el matrimonio tenía una hija en común. Los dos familiares comparecieron ayer en el juicio con jurado popular en la Audiencia de Palma y confirmaron que reclamaban la indemnización que les pudiera corresponder por el asesinato.
