­La pareja que mató de una paliza a la hija de ella de ocho años en Palma cumplirá las penas mínimas por homicidio. Los dos reconocieron ayer su culpabilidad tras alcanzar un pacto con la fiscalía, que retiró las acusaciones de malos tratos habituales, intento de agresión sexual y omisión del deber de perseguir delitos y rebajó a la mitad su petición inicial de condena. La madre de Ainhoa, a la que se aplica la agravante de parentesco, aceptó doce años y medio de cárcel y su novio se conformó con una pena de diez años. El tribunal popular que debía enjuiciar los hechos solo tuvo que cumplir con el formalismo de dar por probados los hechos y declarar culpables a los acusados. Los abuelos maternos de la niña, que se habían ocupado de ella desde que nació, rechazaron ser indemnizados, mientras el padre biológico solicitó 500.000 euros como compensación.

Los acusados, Antonia Martínez, de 32 años, y Miguel Ángel Guillén, de 31, confesaron ante el jurado que mataron a golpes a la hija de ella. Ambos permanecieron cabizbajos en el banquillo y solo rompieron su silencio para reconocer el crimen. El fiscal solo les formuló una pregunta: si causaron la muerte de la niña. "", respondió la madre. "Involuntariamente, pero sí", dijo el hombre.

Los hechos ocurrieron hacia las tres de la madrugada del 18 de junio de 2011 en el domicilio donde ambos convivían, en la calle Francesc Frontera del Coll d´en Rabassa. Los dos propinaron una brutal paliza a la niña, que tenía entonces ocho años. Ainhoa recibió golpes por todo el cuerpo, los más fuertes en la cabeza. Sufrió traumatismo craneoencefálico grave, con fracturas parietales y temporales, y múltiples hematomas agudos en la frente, el ojo, la sien, las cervicales, el codo, la pelvis, la muñeca, los muslos, los glúteos, la espalda, las rodillas y las pantorrillas.

Doce horas después

Las graves lesiones sufridas en la cabeza dejaron a la pequeña en estado de coma profundo. Sin embargo y a pesar de que la paliza había dejado marcas visibles en el cuerpo de la niña, los dos acusados se limitaron a ducharla y acostarla. Solo cuando detectaron que Ainhoa tenía graves dificultades para respirar llamaron al 061 para pedir una ambulancia. Lo hicieron doce horas después de la brutal agresión, a las tres de la tarde del 18 de junio. La menor ingresó en Son Espases en estado crítico y murió al día siguiente.

Los dos acusados confesaron el crimen después de que el fiscal Jaime Guasp y los abogados defensores, Alberto García y Carlos Portalo, alcanzaran un acuerdo. El pacto incluyó notables rebajas en las penas solicitadas por el ministerio público. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusaba a la madre de Ainhoa de haberla maltratado de forma habitual durante los fines de semana anteriores al crimen -cuando se llevaba a casa a su hija, que vivía en Andratx con sus abuelos- y a su pareja de no haber hecho nada por evitarlo. También sostenía que el hombre, horas antes de propinar la brutal paliza a la niña, había intentado violarla. Así, además del homicidio, acusaba a la madre de malos tratos habituales y reclamaba para ella 18 años de prisión; mientras que su pareja estaba acusada también de omisión del deber de impedir delitos y de intento de agresión sexual, por lo que se enfrentaba a una pena de 24 años de cárcel.

Tras el acuerdo, el fiscal solo mantuvo el delito de homicidio, con la circunstancia agravante de parentesco en el caso de la madre, con las penas mínimas que establece el Código Penal. La mujer aceptó doce años y medio de prisión y el hombre se conformó con una condena de diez años. El fiscal explicó al tribunal popular que no estaba convencido de tener prueba de cargo suficiente para lograr condenas por el resto de delitos. "Hemos preferido retirarlos", señaló Guasp, quien consideró que las penas para la pareja son "proporcionales" y se congratuló de haber evitado la celebración de un "juicio desagradable, duro y difícil".

Tras la confesión de los acusados ante el tribunal popular, declararon los abuelos maternos de Ainhoa, quienes explicaron que ellos asumieron el cuidado de la pequeña desde su nacimiento. El fiscal solicitaba que los dos acusados les indemnizaran con 120.000 euros por la muerte de la niña, pero ambos rechazaron expresamente el dinero.

Quien sí se mostró dispuesto a ser compensando por el fallecimiento de Ainhoa fue su padre biológico, que según el fiscal había perdido todo contacto con su hija desde el año 2005, cuando tenía tres años. El hombre, personado en la causa como acusación particular, declaró a través de videoconferencia para reclamar medio millón de euros como indemnización. Los abogados defensores aceptaron también esta petición.

Dado que las penas para los acusados eran superiores a seis años, el jurado popular tuvo que retirarse a deliberar sobre el objeto del veredicto que les entregó la magistrada presidenta. A última hora de la tarde, emitieron su veredicto de culpabilidad.