La fiscalía solicita penas que suman 32 años de prisión para seis acusados de utilizar a indigentes para crear empresas ficticias y defraudar así a la Seguridad Social. Según la fiscalía, la trama fue ideada por un empresario de la construcción que tenía deudas con diferentes organismos públicos. Así, supuestamente se concertó con los responsables de una gestoría para crear empresas ficticias a nombre de personas sin recursos. Los empleados del empresario fueron dados de alta en estas compañías, pese a que seguían trabajando para él. De este modo generaron deudas de más de 500.000 euros con la Seguridad Social. El ministerio público considera que estos hechos constituyen un delito de falsedad continuada en documentos oficiales. El juicio se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Palma.
