La Audiencia de Palma ha condenado a dos años de prisión a una mujer filipina por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por dedicarse a introducir a compatriotas en Mallorca de forma irregular en 2004 a cambio de una suma de dinero que podía oscilar entre los 4.000 y los 1.500 euros. La imputada, de 52 años de edad, aceptó ayer la pena ante el tribunal de la sección primera después de que el fiscal rebajara su petición al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento ha estado paralizado durante un largo tiempo por motivos no atribuibles a la sospechosa. En un principio, el ministerio público reclamaba ocho años de cárcel para la mujer.

La acusada organizaba viajes de ciudadanos filipinos, con salida desde ese país y con destino final a España. Para ello, facilitaba a los pasajeros un pasaporte falso, después de que estos le entregaran su documentación legal y fotografías. De esta manera, los extranjeros podían entrar en territorio español, donde permanecían sin la correspondiente autorización administrativa, según la fiscalía.

A cambio de la documentación y los billetes de avión, la imputada recibía dinero de los viajeros o bien de sus familiares en España, tanto en persona como a través de transferencias bancarias. La principal sospechosa no actuaba sola. Le ayudaba otra compatriota, quien presuntamente hacía de intermediaria en el cobro a los familiares filipinos residentes en España sin recibir ningún tipo de contraprestación a cambio. Esta mujer se encuentra en situación de rebeldía y no ha podido ser juzgada.

La sospechosa que ayer confesó los hechos presentó un plan de pago para resarcir a dos perjudicadas con 4.280 euros y 1.547 euros por el dinero que les cobró en al año 2004 para traer a dos parientes desde Filipinas. En uno de los casos, el viaje no llegó a realizarse y, en el otro, el pasajero acabó regresando a su país de origen al cabo de medio año.