La Audiencia de Palma celebrará también la semana que viene otro juicio contra dos mujeres filipinas que están acusadas de introducir ilegalmente en España a varios compatriotas, a los que les habrían facilitado pasaportes ilegítimos, para que pudieran permanecer en el país sin la correspondiente autorización administrativa. De esta manera habrían conseguido distintas cantidades de dinero, de hasta más de 4.000 euros, por parte de los extranjeros para regularizar su estancia. Las dos mujeres están acusadas de un delito contra los derechos de los trabajadores. El fiscal solicita para una de ellas una pena de ocho años de prisión y seis para su presunta cómplice.