"Era vox populi que los dos cabecillas se dedicaban a introducir drogas y objetos prohibidos en prisión. Había dos mafias en la cárcel, eso es lo que se decía". El inspector de Policía que investigó la trama de corrupción en el centro penitenciario de Palma poco antes del verano de 2008 en la denominada operación K.O. fue muy contundente ayer en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Palma. El entonces jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional manifestó que los dos funcionarios de prisiones imputados, Antonio C.O. y Mario F.L., lideraban dos grupos que rivalizaban por el control y el poder sobre otros compañeros y sobre los reclusos. Según apuntó el instructor, Antonio se lucraba traficando con estupefacientes dentro de la cárcel o bien distribuyendo efectos prohibidos como alcohol o teléfonos móviles a cambio de dinero, mientras que su oponente, Mario, lo hacía por favores sexuales o para consumir drogas junto con sus presos de confianza.

Además de esta pareja, otros dos funcionarios de la cárcel de Palma se sientan en el banquillo de los acusados, así como un exrecluso. Todos ellos se enfrentan a penas que suman 103 años y siete meses de prisión. La fiscal imputa a los principales sospechosos un rosario de graves delitos: cohecho, amenazas, tráfico de drogas, coacciones, atentado, abuso de funciones públicas, obstrucción a la justicia, revelación de secretos o abuso sexual.

Otro investigador de la Policía destacó que el cabecilla de la red, Antonio C.O., hostigaba a sus compañeros en cuanto surgía un problema y, para ello, se servía de otros funcionarios acólitos. "Cada vez que había problemas con un funcionario, Antonio activaba una campaña para hostigarle: palizas, cartas amenazantes, llamadas, paquetes con contenido grosero". Además, el agente recordó que en otra ocasión el líder, con varios de sus compinches, propinó una paliza a un interno al que arrojaron al suelo y patearon.

El policía detalló cuál era el ´modus operandi´ de Antonio C.O.: "Hacía llamadas por teléfono, mandaba cartas amenazantes, presentaba una denuncia en el juzgado como si fuera una víctima de amenazas, realizaba pintadas en la calle, dejaba excrementos en la puerta de casa de los funcionarios con los que se enfrentaba. Te hostigaba hasta el punto de que te cogías una baja o te marchabas de Mallorca". De hecho, varios funcionarios pidieron el traslado de su puesto tras ser coaccionados.

El instructor del caso recordó que el principal problema de la investigación fue que cuando se iniciaron las pesquisas, los cabecillas habían sido expulsados de la cárcel y ya no trabajaban allí. Según indicó, el grupo de Antonio C.O. era más estructurado. El líder se acercaba a los presos con más caché y les ofrecía estupefacientes u objetos prohibidos a cambio de dinero. Para ello, utilizaba a familiares de los internos, a funcionarios acólitos y a presos de confianza. Por otro lado, el grupo de Mario F.L. era muy simple. El cabecilla era adicto a la droga, introducía las sustancias cuando estaba en el economato y él también consumía. Era un vigilante querido por los internos, que funcionaba antes que Antonio y la relación entre ambos era mala.