Los dos cabecillas de la trama de corrupción en la cárcel de Palma desarticulada en el verano de 2008 que supuestamente pugnaban por el poder y el dominio sobre los reclusos y por el control del tráfico de drogas en el centro penitenciario de la isla negaron ayer en la primera sesión del juicio en la Audiencia de Palma haber vendido estupefacientes a los presos entre los años 2002 y 2008. Los dos funcionarios de prisiones imputados, Antonio C.O., de 42 años, y Mario F.L., de 45, que lideraban dos grupos rivales que presuntamente llevaron a cabo diversas prácticas mafiosas, rechazaron haber distribuido entre los internos cocaína, heroína, alcohol o teléfonos móviles a cambio de dinero. Ambos se negaron a responder a la fiscal.
Además de esta pareja, otros dos compañeros, Antonio P.M. y José Emilio M.S. también funcionarios de la cárcel de Palma, se encuentran acusados en la denominada operación K.O., así como un antiguo recluso, Patrick L.R.D., implicado en el caso de las dobles ventas de Andratx. Todos ellos se enfrentan a penas que suman 103 años y siete meses de prisión. La fiscalía imputa a los principales sospechosos un rosario de graves delitos: cohecho, amenazas, tráfico de drogas, coacciones, atentado a la autoridad, abuso de funciones públicas, obstrucción a la justicia, revelación de secretos o abuso sexual.
Uno de los cabecillas, Antonio C.O., para quien el ministerio público solicita 47 años de cárcel, alegó ayer ante el tribunal de la sección primera que sufre esquizofrenia paranoide. Según su versión, tiene diagnosticada esta patología desde hace dos o tres años y además tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta que le impide trabajar. El antiguo funcionario de la cárcel explicó que en la época de los hechos había tenido problemas psíquicos y trastornos depresivos, por lo que había tenido que estar de baja en varias ocasiones. Según recordó, en esas fechas estaba en tratamiento y también consumía sustancias estupefacientes. El hombre rechazó haber introducido drogas, alcohol u otros objetos en la prisión a cambio de dinero y apuntó que no recordaba con exactitud lo ocurrido debido a su estado mental. El principal imputado guardó silencio ante las acusaciones de la fiscal, que le implicó en el envío de un corazón de cerdo putrefacto al entonces director de la cárcel, así como en varias amenazas y coacciones a internos o en filtrar informaciones de carácter reservado a un periodista.
El supuesto compinche del líder, Antonio P.M., que presuntamente colaboraba con el primero en las prácticas mafiosas en el centro penitenciario, se acogió a su derecho a no declarar. En cambio, el antiguo recluso, Patrick L.R.D., sí respondió a todas las preguntas. El imputado explicó que entre septiembre y octubre de 2007, el funcionario Antonio C.O. le ofreció la posibilidad de tener un teléfono móvil en la cárcel por 500 euros. "El teléfono se lo dio mi mujer. Al final me llegó el móvil y una botella de vino", manifestó el antiguo interno, quien destacó que fue Antonio C.O. el que le entregó estos artículos.
Por su parte, otro funcionario acusado se desvinculó de la trama e indicó que tuvo un problema con unos vecinos que le rayaron el coche a quienes en ningún momento amenazó. El hombre dijo que Antonio C.O. no tenía nada que ver con este asunto y que jamás se identificaron como policías ante los afectados, pese a que en una conversación intervenida así lo reconocía. Según su versión, "el amenazado y el coaccionado era yo". El sospechoso añadió que, al final, cogió miedo a estos vecinos y acabó buscando otro aparcamiento para estacionar su vehículo, que fue reparado por la aseguradora contraria.
Niega la felación
El quinto acusado, Mario F.L., que se enfrenta a una petición de condena de 30 años de cárcel, negó a preguntas de su abogado haber realizado una felación a un preso. "Eso es falso", recalcó ante la sala. El funcionario de prisiones, que estuvo trabajando en el locutorio y luego en la unidad de madres de Palma y que presuntamente rivalizaba con el grupo de funcionarios de Antonio C.O., relató que lo que ocurrió fue que le permitió fumar en una zona común de la cárcel de Palma y por ese motivo fue expedientado. Según su versión, el recluso, haciendo una gracia, le contó una historia a otra interna que no era verdad. "Es falso lo de la felación", insistió.
El procesado también negó haber amenazado a varios presos, así como haberles facilitado estupefacientes, alcohol u otros efectos: "No he amenazado a ningún interno. No era mi intención. Yo nunca he pasado droga a nadie. No concibo esas prácticas. No tengo la necesidad de hacerlo".
El juicio continuó ayer tarde en la Audiencia de Palma con varios testigos protegidos y hoy seguirá con nuevas testificales. Al principio de la vista oral, varios abogados plantearon como cuestión previa que se había vulnerado el derecho de defensa al no haberse concretado los hechos punibles en uno de los puntos del escrito de acusación, por lo que pidieron a la fiscalía que retirara esos cargos. Los letrados también solicitaron la nulidad de las intervenciones telefónicas al argumentar que no estaban fundamentadas. La fiscal se opuso y destacó que el juez instructor fue escrupuloso con las pesquisas.
