La Audiencia Provincial de Palma tiene previsto empezar el próximo lunes el juicio contra cuatro funcionarios de la prisión de Palma por presuntamente llevar a cabo reiteradas prácticas mafiosas en el centro penitenciario de la isla entre 2002 y 2008. La fiscalía reclama penas que suman 103 años de cárcel para los cuatro imputados, dos de ellos rivales que supuestamente pugnaban por el poder y el dominio sobre los reclusos, así como por el control del tráfico de drogas en el centro penitenciario.
Los sospechosos, que se enfrentan a un rosario de graves delitos como cohecho, amenazas, tráfico de drogas, coacciones, atentado a la autoridad, abuso de funciones públicas, obstrucción a la justicia, revelación de secretos o abuso sexual, supuestamente facilitaban drogas, alcohol y teléfonos móviles a los presos a cambio de dinero o de favores sexuales.
El principal imputado, Antonio C.O., de 42 años, quien dio nombre a la operación K.O. que supuso la desarticulación de la trama de corrupción en la prisión de Palma en el verano de 2008, supuestamente se constituyó en el líder de un grupo de funcionarios de la cárcel que pretendía controlar a los reclusos y compañeros. El fiscal pide para él 47 años de prisión. El sospechoso el 31 de marzo de 2008 envió a la esposa del entonces director del centro penitenciario, Juan Fernando Díaz, un paquete con un corazón de cerdo putrefacto para intimidarle y en represalia por expedientarle por su comportamiento, según la fiscalía. En la mercancía, figuraba como remitente la "Asociación Cultural gitana". Meses antes, llamó por teléfono a la mujer y la insultó.
El procesado entregó a un recluso Patrick L.R.D. un teléfono móvil a cambio de 500 euros y luego permitió que este recibiera un ipod y un lector de vídeo, pese a que eran efectos prohibidos en la cárcel. Cuando el interno le delató, el acusado, junto con otro funcionario, Antonio P.M., que se enfrenta a 24 años de cárcel, le amedrentaron con una carta. La pareja de funcionarios también facilitó alcohol, cocaína, heroína y teléfonos a otros presos a cambio de dinero y reveló informaciones reservadas a un periodista que las publicó en la prensa, según el fiscal. Antonio C.O. propuso mantener sexo a una interna y, con otro compañero, se hizo pasar por policía para reclamar unos desperfectos en un vehículo.
En el grupo rival, desplegó una actividad ilícita similar el funcionario Mario F.L. para quien el fiscal pide 30 años de cárcel. Además de amenazar a una interna, hizo una felación a un recluso y a otros les hizo llegar droga y alcohol.
