La Policía Nacional detuvo a 30 personas, siete de las cuales fingían ser padres de los otros 23 arrestados que decían ser sus hijos, por estafar a la Administración pública y falsificar documentos para obtener el permiso de residencia.

Según informó la Dirección General de la Policía Nacional, los ficticios descendientes pagaban entre 2.000 y 3.000 euros por encontrar un progenitor de nacionalidad española y regularizar así su situación en nuestro país como familiares de comunitario.

Los investigadores descubrieron numerosos casos de regulación inviables como el de una supuesta madre que habría dado a luz a cinco hijos en 1989, y a otros cuatro en 1990, todos de diferentes partos y el de otra mujer que consiguió reagrupar a sus 21 supuestos hijos nacidos todos en el plazo de cinco años.

Entre los detenidos se encuentra un abogado en ejercicio y trabajador en una ONG que se hizo pasar por padre de cinco hijos y un ciudadano nacido en Guinea ecuatorial y nacionalizado español, que sin haber abandonado España desde hace 30 años presentó diferentes partidas de nacimiento de supuestos descendientes nacidos entre 1990 y 1991 en su país de origen.

La investigación comenzó a mediados del mes de diciembre de 2011 cuando se produjo la detención del abogado y trabajador de una ONG de ayuda al toxicómano en Zaragoza.