La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a penas que suman cuatro años de prisión a una pareja, empresarios de la construcción de la zona del Raiguer, por estafar más de 240.800 euros a una entidad bancaria tras falsificar la firma del alcalde de Bunyola, Jaume Isern, y del apoderado de otra compañía por unas obras que no llegaron a realizar.
Los sospechosos, que habían estado casados anteriormente, confesaron los hechos ayer al mediodía ante el tribunal de la sección segunda y se declararon responsables de un delito continuado de estafa en concurso con una falsedad documental.
Los imputados aceptaron sendas penas de dos años de cárcel, una multa de nueve meses a razón de tres euros diarios y una indemnización de 240.862 euros en favor del banco perjudicado.
Los sospechosos elaboraron diversos documentos, certificados y pagarés con las rúbricas falseadas entre 2007 y 2008 para que su entidad bancaria les abonara grandes sumas de dinero a cuenta de las víctimas. De esta manera y aparentando que tenían obras en marcha, consiguieron cobrar más de 240.000 euros. Al final, se descubrió que la documentación aportada había sido manipulada y era falsa y que las obras en realidad no existían.
La pareja acusada, puesta de común acuerdo y aprovechando que la mujer figuraba como administradora de una empresa de la construcción de Inca, confeccionó el pasado 26 de abril de 2007 una certificación de obra del ayuntamiento de Bunyola por importe de 78.873 euros simulando la firma del representante del Consistorio.
Cobran el dinero
De esta manera, los acusados consiguieron que el banco ingresara esa cantidad en su cuenta corriente cuatro días después. Ante el impago de la certificación por parte del Ayuntamiento, ya que las obras no llegaron a realizarse, la imputada elaboró en octubre y en enero de 2008 otros dos documentos con sello y membrete del consistorio de Bunyola con las firmas falsas del alcalde y el secretario en el que aplazaba el pago. Al final, el Ayuntamiento de la localidad nunca efectuó ningún ingreso al no haberse ejecutado la obra por parte de la empresa de los procesados.
Por último, los dos imputados del sector de la construcción falsificaron durante los primeros meses de 2008 cuatro pagarés a nombre de una empresa de instalaciones y servicios, según detalla la fiscalía en su escrito. Los sospechosos simularon la firma del apoderado de la compañía en los documentos y consiguieron hacerse con 162.000 euros. Cuando la entidad financiera reclamó el cobro de estos pagarés, descubrió que eran falsos y que no habían sido expedidos por la empresa.
Los dos acusados, defendidos por el letrado Antoni Albertí, se enfrentaban a sendas penas de seis años de cárcel por parte del fiscal, pero ayer se conformaron con dos años de prisión cada uno. El hombre había estado en busca y captura. Tras permanecer en Brasil, regresó a España, donde fue detenido y luego quedó libre.
