Alejandro Ribas Millán, bombero de Palma de 34 años, murió el pasado 6 de agosto, envenenado por la inhalación de humo durante la extinción de un incendio en un bar de la calle Andreu Feliu. Aquella intervención, según sus propios compañeros, estuvo marcada por graves carencias materiales –el fallecido no tenía "hemicraneal", como se denominan los intercomunicadores de radio que los bomberos llevan en el casco, estropeado desde hacía meses– y fallos humanos. Al día siguiente del siniestro, el jefe del cuerpo, Manuel Nieto, anunció una investigación "hasta las últimas consecuencias". Pero seis meses después, estas diligencias internas estás en el limbo mientras se mantienen muchas de las deficiencias detectadas en el siniestro mortal. El sindicato STEI ha denunciado las "maniobras dilatorias" que han lastrado una investigación, que habría estado plagada de irregularidades.

Tras el siniestro, el oficial que estaba de guardia aquel día realizó el parte de servicios sobre el incendio del bar Jamón Jamón. Este informe se hace en todos los trabajos de los bomberos, y en él se recoge una cronología de los hechos a partir de las declaraciones de los participantes y unas conclusiones. Y a este mismo oficial se le encargó un informe más exhaustivo sobre el siniestro.

Seis días después del incendio se informó a los miembros del cuerpo de que el parte estaba finalizado y las conclusiones extraídas. En este momento surgen las primeras voces críticas en el seno de la plantilla, que cuestionan la capacidad del oficial para realizar un informe independiente, ya que él era el responsable de las actuaciones de aquel día.

Cambian al instructor

Cuando el informe estaba casi finalizado, los responsables del Área de Seguretat Ciutadana del Ayuntamiento deciden reemplazarle, al parecer al constatar que no podría figurar como instructor al tratarse de una parte implicada. Pero el otro oficial que podría hacerlo estaba de permiso por paternidad. Se nombra entonces instructor al coordinador del cuerpo, Álex Bergas, que no es bombero, sino un cargo político.

El coordinador revisa el trabajo realizado por el anterior instructor, y finalmente reúne en la biblioteca del parque central, en el polígono de Son Castelló, a la veintena de bomberos que participaron en la extinción para leer el informe técnico, realizado a partir de las declaraciones tomadas a todos ellos. Es el 29 de septiembre. Han pasado casi dos meses del siniestro, una demora que provoca las primeras quejas entre los participantes en la reunión.

Durante la lectura del relato de los hechos algunos de los bomberos intervienen y se realizan diversas modificaciones. Se hace un acta y el informe queda concluido, a falta de la firma del coordinador y de la responsable del Àrea de Seguretat de Cort, Pepa Peláez.

Se reparten copias entre los sindicatos y se informa al resto de la plantilla. A partir de aquí, el informe recibe fuertes críticas por parte de los bomberos. Se quejan de que no recoge las declaraciones individuales de los que participaron en la extinción, no se menciona la importancia que pudo tener la instalación del equipo de ventilación forzosa en la expansión del fuego, no se ha cotejado la cronología de los hechos con las anotaciones que tiene el 112, ni hay un registro de las conversaciones entre los responsables del operativo con la central.

Ante el aluvión de críticas, los responsables del informe lo dejan sin firmar, si bien reiteran que está concluido.

De forma paralela tendría que haber actuado el Comité de Salud Laboral del Ayuntamiento, al tratarse de un accidente en el que murió un funcionario. Tendrían que haberse reunido en un plazo de tres días después del siniestro.

Tras reclamarlo UGT, lo hacen finalmente el 22 de noviembre. En la reunión participaron representantes de los sindicatos, el jefe de los Bombers, la directora del Área de Seguridad Ciudadana y técnicos del Ayuntamiento. Peláez había asegurado a los sindicatos que presentaría allí el informe técnico, pero este se limitó a un dossier con la descripción del local y los materiales que ardieron. Nada sobre lo ocurrido durante la extinción.

Al informe anterior, el que fue leído en la biblioteca, le han cambiado el nombre. Ha pasado de "informe técnico" a "acta de la reunión". Y a día de hoy sigue sin firmar.