El Tribunal Supremo ha puesto punto y final al caso Son Banya con una sentencia que reduce considerablemente la condena a los principales protagonistas de este caso. Francisca Cortés, La Paca, condenada por la Audiencia de Palma a penas que sumaban un total de 22 años de prisión, ha visto reducida su pena a 16 años. Es decir, tendrá que cumplir seis años menos de lo previsto al absolverle el Alto Tribunal de los delitos de blanqueo de capitales y amenazas. En cambio, se la condena por cuatro delitos de detención ilegal, cohecho y falso testimonio.

El ex inspector jefe del Grupo de Atracos de la Policía, José Gómez, conocido como Pepote, también se beneficia con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha reducido su condena a casi la mitad. La Audiencia de Palma le condenó a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de omisión de perseguir delitos, falso testimonio, cohecho y blanqueo de capitales. El Supremo le absuelve de este último delito y la pena que debe cumplir se establece en cinco años y seis de prisión.

Pero quien ha obtenido un mayor beneficio con esta sentencia del Supremo ha sido María Ángeles López Calderón, la abogada y compañera sentimental del inspector de Policía. La letrada fue sentenciada a cumplir siete años de cárcel en la primera sentencia, pero ahora el Supremo la absuelve del delito de blanqueo de capitales y le reduce la pena por el cohecho. La pena se limita ahora a cumplir dos años y nueve meses de prisión. También le reducen ampliamente la multa económica que queda ahora establecida en 400.000 euros.

Los dos hermanos de La Paca, Juan e Isidro Cortés, también recurrieron ante el Supremo, pero no han tenido suerte. El tribunal les impone cuatro meses más de cárcel y en total tendrán que cumplir doce años cada uno.

Por último, el tribunal también absuelve al paraguayo Roberto Darío Valinoti, que en la actualidad está fugado, del delito de blanqueo de capitales por el que debía cumplir tres años. La pena queda limitada a un año y medio de prisión por un delito de falso testimonio.

El resto de las penas impuestas por los jueces de la Audiencia de Palma se confirman en su integridad.

Los hechos se remontan al mes de abril de 2006. En esas fechas los integrantes del clan de La Paca tenían enterrado en un solar del poblado el dinero que habían obtenido con el tráfico de drogas. Se calcula que guardaban en torno a los seis millones de euros.

Había varios toxicómanos del poblado que conocían el escondite del dinero y decidieron robarlo. Una vez localizado el dinero fue introducido en bolsas de plástico y se sacó del poblado. El autor del robo fue Bruno Gálvez, que se escondió con su novia en un apartamento de Santa Ponça.

La pareja fue localizada por los dos hermanos de La Paca y por "El Charly", otro traficante de Son Banya. Fueron obligados a subir a un coche, que les iba a llevar a una sucursal bancaria donde habían escondido el botín. Al llegar a Palma la pareja logró huir del coche y con la ayuda de un policía se refugiaron en una gasolinera. Los dos hermanos Cortés huyeron, pero La Paca, junto a su marido El Tarta y su hijo El Ico se presentaron en la gasolinera. Allí comenzaron a increpar a Bruno y a su novia y les exigieron que devolvieran el dinero, pero no lo hicieron.

Días después el clan inició un plan para recuperar el dinero y se torturó a un individuo paraguayo, llamado Nacho, para obligarle a hablar ya que se creía que sabía el escondite del dinero. Este hombre fue agredido en Son Banya. Cuando fue liberado acudió a la Policía para denunciar a Francisca Cortés y a sus familiares.

Pepote Gómez

La denuncia la tramitó el inspector Pepote Gómez, que aconsejó a la víctima de la agresión que contratara a un abogado, que casualmente era su novia, la letrada María Ángeles López, que se mostró dispuesta a negociar una indemnización con La Paca por las lesiones sufridas por su cliente.

La Paca era confidente del policía y el funcionario mantuvo varias entrevistas con ella para hablar del tema de las torturas al ciudadano paraguayo. El inspector le aconsejó a la mujer que negociara un acuerdo económico, ya que este problema la llevaría a prisión, sin decirle que la abogada con la que hablaría era su pareja sentimental. María Ángeles le exigió a La Paca 400 millones de las antiguas pesetas y le dijo que si no pagaba, las víctimas ratificarían la denuncia en el juzgado. Pepote Gómez se ofreció a actuar como intermediario. La matriarca de Son Banya acepta pagar y se fija la indemnización en 150 millones de pesetas, aunque sólo se llegaron a pagar 100 millones que recibió la abogada y el inspector de policía. María Ángeles abonó una parte de este dinero a sus clientes, que estaban en Alicante, pero el resto se lo quedó ella y su pareja.

Las negociaciones que mantuvo Pepote con La Paca, en las que estuvo presente una hija suya, La Guapi, fueron grabadas. Esta cinta se convirtió en la principal prueba que demostraba la implicación del policía, que después manipuló el atestado sobre el caso Son Banya que entregó al juez que investigaba el asunto.