La Guardia Civil de Tráfico ha detenido a dos personas, y ha imputado a otras 17, acusadas de un delito de falsedad en documento oficial y estafa. Se trata de un grupo de personas que cambiaban de nombre los coches de más de diez años de antigüedad, cuyo propietario quería dar de baja, para conseguir ayudas del Plan 2000E por la compra de un nuevo vehículo.

A finales del pasado año se detectó esta práctica ilegal que se estaba realizando en algunos concesionarios de coches de varias poblaciones de Mallorca. En estos comercios se ofrecía a sus clientes, que pretendían adquirir un coche nuevo, que compraran antes un vehículo de más de diez años que estaban abandonados en desguaces. El engaño consistía en inscribir a nombre del cliente estos coches viejos y darlos seguidamente de baja, con el único objetivo de beneficiarse con el descuento de 2.000 euros que financiaba el Estado para una ayuda al sector de la automoción para superar su periodo de crisis.

Mientras se estaba investigando estos datos, desde la Jefatura Provincial de Tráfico se detectó la existencia de una empresa que ofrecía servicios gratuitos para dar de baja vehículos. Esta empresa, denominada "Mallorca limpia", contaba con una furgoneta y solía estacionar casi a diario frente a la sede de Tráfico.

La presencia de esta furgoneta aumentaba la sospecha de que el propietario de este negocio podría estar colaborando con las empresas concesionarias de coches para obtener estas ayudas públicas.

Lo que fueron sospechas se fueron confirmando más tarde en el desarrollo de la investigación, en la que también aparecieron implicados los responsables de un desguace autorizado para el reciclaje del vehículo.

Los presuntos estafadores se abastecían de vehículos viejos que se retiraban, teóricamente para ser dados de baja. Los dueños de estos coches los habían entregado a esta empresa de reciclaje. Cuando un vehículo viejo era retirado con una grúa, teóricamente para ser descontaminado, a los dueños les solicitaban su documento original de identidad, diciéndoles que lo precisaban para dar de baja el coche. Sin embargo, lo que se hacía era utilizar este documento para realizar un traspaso. Se falsificaba la firma en el expediente de venta que se presentaba en Tráfico, así como los contratos de compra y venta de estos coches.

En esta compleja investigación se ha imputado a gerentes, jefes de ventas y comerciales de distintos concesionarios oficiales de marcas de coches. Estos negocios están repartidos por las localidades de Palma, Inca y Manacor. También se ha imputado a los dueños y a los trabajadores de la empresa suministradora de los coches de segunda mano y desguace. Se teme que se han producido unos 60 perjudicados, pero esta cifra puede aumentar. Uno de ellos denunció los hechos en Oviedo.