La Guardia Civil, tras una investigación que se ha prolongado durante casi dos años, desarticuló ayer en Binissalem una red presuntamente dedicada a la creación de empresas fantasma para estafar al fisco, a la Seguridad Social y a las compañías de seguros. Siete personas fueron detenidas ayer por los agentes del Equipo de Crimen Organizado (ECO) acusadas de un rosario de delitos económicos, pero se prevén más arrestos. Entre los detenidos se encuentra el presunto cerebro de esta red de empresas ficticias, un empresario llamado Alfonso R.A., con antecedentes anteriores por estafa. Esta investigación se ha bautizado con el nombre de Operación Arco.
Este empresario es el responsable de la empresa Serveis Innovadors, cuya oficina se encuentra situada en el polígono industrial de Binissalem. Según se aprecia en su publicidad, esta sociedad se dedica a la asesoría y a dar servicio a empresas. El registro de esta oficina de Binissalem se prolongó ayer durante más de doce horas. La Guardia Civil se incautó de documentos y archivos informáticos. En todo momento estuvo presente el responsable de la empresa, que anoche durmió en los calabozos de la Comandancia. Los otros seis detenidos figuran como titulares de estas empresas sin actividad, pero tendrían el papel de simples testaferros.
Los investigadores descubrieron que a través de esta empresa se habían constituido otras sociedades, la mayoría de ellas domiciliadas en esta oficina de Binissalem, que habrían dado de alta en la Seguridad Social a una serie de personas que nunca habrían trabajado. Los empresarios pagaban las primeras cuotas de impuestos, y a veces incluso no pagaban ni una sola de ellas, pero una vez que daban de baja a los trabajadores, exigían el cobro del desempleo. Se calcula que a través de este sistema se ha podido estafar a las arcas públicas unos diez millones de euros, si bien se teme que esta cifra puede ser incluso mucho mayor.
De momento se han localizado más de 25 empresas fantasmas. Los documentos de creación señalan que se dedicarían al negocio del sector servicios y a la construcción. Sus domicilios sociales están repartidos por varias localidades.
Otras víctimas de esta red de fraude serían las compañías de seguros. El empresario firmaba pólizas por impagados. Es decir, si algún cliente no pagaba un trabajo que se realizaba, la póliza respondía de esta cantidad. Sin embargo, la Guardia Civil ha descubierto que estas empresas habrían cobrado de la compañía facturas impagadas por trabajos que nunca se realizaron. Otra de las anomalías descubiertas es que el empresario de Binissalem utilizaba esta red de sociedades para regularizar la situación en España de trabajadores extranjeros.
